Casero elude la cárcel al pagar 68.494 euros al Ayuntamiento de Trujillo

Ayer se inició en la Audiencia Provincial de Cáceres el juicio contra él por prevaricación y malversación de caudales públicos en su etapa de alcalde de Trujillo. Su abogado defensor de Madrid y la fiscal llegaron a un acuerdo. Él acepta una condena de un año y nueve meses de prisión y seis años de inhabilitación para cargo público. La pena de prisión no es mayor porque se compromete a indemnizar al Ayuntamiento de Trujillo con 68.494 euros. Ya ha pagado 10.000 euros y a partir del 1 de enero de 2024 se compromete a abonar todos los meses 1.000 euros. Lo tiene que hacer entre los días 1 y 5. Esto supone que estará pagando durante casi cinco años.

El que fuera secretario de Organización del PP cuando lo presidía Pablo Casado a nivel nacional, ha reconocido que cometió un delito continuado de prevaricación y un delito de malversación de caudales públicos.

En la sentencia se indica que no irá a prisión con la condición de que en los próximos cinco años no cometa delito alguno. El presidente de la Audiencia, Joaquín González Casso, le advirtió que eso significa cualquier delito, incluso conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. También le recalcó que irá a la cárcel si no paga las mensualidades hasta completar la cantidad de 68.494 euros.

La vista preliminar duró poco. A las nueve y veinte de la mañana de ayer Alberto Casero entró con su abogado en la sala de vistas de la Audiencia, donde estaban el tribunal y la fiscal. Las partes intentaron llegar a un acuerdo. Sabían que si no lo lograban el juicio sería en enero, lo que suponía más exposición mediática, con declaraciones de testigos y peritos, y presentación de pruebas.

Llegaron a un acuerdo enseguida, y a las diez y cinco minutos se anunció la Audiencia Pública, en donde Alberto Casero aceptó la condena. A las diez y cuarto de la mañana el recién condenado salía del Palacio de Justicia. No quiso hacer declaraciones ante los medios de comunicación. Lo único que dijo cuando se le preguntó si estaba satisfecho con el acuerdo fue: «Nunca se está satisfecho, pero esto es lo que hay».

Llamó la atención que no estuviera arropado por algún cargo del PP. Alberto Casero, que tiene 45 años, quiere pasar página olvidando este proceso que se ha alargado durante varios años.

No irá a prisión cuando la Fiscalía, en su escrito provisional de acusación, pidió para él una pena de ocho años de cárcel; además de su inhabilitación absoluta durante veinte años e indemnizar al Ayuntamiento de Trujillo con la cantidad total de 69.495,99 euros, más los correspondientes intereses legales.

Tras tener conocimiento del procedimiento, por su condición de aforado como diputado nacional, el caso llegó al Tribunal Supremo donde declaró en 2022; posteriormente renunció a su escaño y solicitó que la causa volviera a los juzgados extremeños.

Según la acusación pública, entre junio de 2011 y mayo de 2019, Casero concertó con «diferentes personas y entidades, contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo las formalidades legales». Cita el incumplimiento de la obligación de que constara su existencia en el Consistorio mediante la apertura del correspondiente expediente, con la «resolución por parte del órgano de contratación aprobando el gasto, con justificación de su necesidad y la posterior aportación de la factura».

Según el relato de la Fiscalía fueron varios los contratos que contienen irregularidades.

El 3 de marzo de 2017, el acusado contrató a un psicólogo para que prestara servicios al Ayuntamiento. Realizó su actividad asistiendo a mujeres víctimas de violencia de género. La Fiscalía sostiene que el exregidor era conocedor de que estos servicios a cargo del Ayuntamiento trujillano carecían completamente de cobertura contractual.

Por otro lado, el 6 de septiembre de 2017, en su calidad de alcalde, Casero y el Presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, y en la misma fecha se firmó un acuerdo por el cual el acusado se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiar dicho convenio. El entonces alcalde tampoco informó a los servicios económicos ni jurídicos del Ayuntamiento, ni aportó la copia del convenio a la Intervención del Ayuntamiento. Igualmente, no fue aprobado previamente ni en el Pleno ni por Resolución de Alcaldía, como dispone la ley, y tampoco se sometió a información pública, ni se publicó en el BOP.

Otro de los casos que se investigó también data de 2017, cuando Casero acordó verbalmente con la Asociación Cultural Bon Vivant que la gala anual de entrega de premios Pop Eye se celebrara en Trujillo, para lo cual el Ayuntamiento aportaba 18.000 euros. El Ministerio detalla que «se trató de un contrato de patrocinio institucional que debía sujetarse para su adjudicación a la Ley de Contratos del Sector Público, y para su adjudicación no aplicó el procedimiento negociado sin publicidad». No informó al Ayuntamiento, y no tramitó expediente administrativo de contratación. Al ser un contrato menor, tampoco incorporó informe del órgano de contratación que motivara su necesidad y la aprobación del gasto.

También hubo irregularidades en la contratación que el 9 de enero de 2018 hizo con la empresa Ícaro, para organizar la Feria Internacional del Queso por un importe de 14.303 euros; y la contratación de Radio Interior para promocionar la misma feria, con un coste de 15.000 euros.