El código ético del PSOE le permite actuar contra Gallardo tras ser imputado en vía judicial

El código ético del PSOE establece en el apartado 5.9, que recoge la actuación de partido en caso de implicación en procedimientos judiciales, que la dirección podrá adoptar las medidas que considere oportunas respecto al cargo público que pase a ser judicialmente investigado. Es la situación en la que se encuentra ahora mismo el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que ha sido citado a declarar el próximo 9 de enero, en calidad de investigado, en la causa que se instruye en el juzgado número 3 de Badajoz para determinar si hubo o no irregularidad en la contratación por parte de la Diputación de Badajoz de David Azagra, hermano del presidente del Gobierno.

Aunque esta causa judicial se encuentra ahora en fase de instrucción, al término de la cual la juez decidirá si la archiva o abre juicio oral, la citación de Gallardo como investigado permite sin embargo al PSOE adoptar o no medidas contra él. De hecho, «si la persona afectada no informara en los términos expuestos en este apartado, será cautelarmente suspendida de militancia a la espera del resultado del preceptivo expediente informativo o, en su caso, disciplinario».

En el caso además de que tras la instrucción se dicte auto de apertura de juicio oral, «deberá solicitar la baja voluntaria como afiliado y dimitir de su cargo. En caso contrario, podrá ser suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido, cuando el procedimiento se siga por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral». Cabe recordar que en el caso del hermano de Pedro Sánchez, la juez Beatriz Biedma investiga supuestos delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

En todo caso, si se decide la apertura de juicio oral, el código ético del PSOE deja claro que se establecerá «la suspensión cautelar automática de la afiliación de las personas incursas en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, con la violencia de género o la libertad e indemnidad sexuales (acoso, abuso o violación) o contra la integridad moral, así como la sanción de expulsión del partido de aquellas personas que hayan sido condenadas por alguno de esos delitos».

Pero, además, «se podrá también acordar la suspensión cautelar automática de la afiliación en los supuestos anteriores antes del auto de apertura juicio oral en los supuestos de detención o auto de transformación del procedimiento abreviado u otras resoluciones judiciales que consideren indiciariamente acreditados estos delitos o cuando iniciada una investigación penal concurran circunstancias especialmente graves respecto de los hechos imputados que exijan esta decisión motivadamente con carácter inmediato».

El PSOE deja abierta todas las posibilidades de actuación en su código ético en función de la fase judicial, los delitos que se investigan, las circunstancias en que se puedan haber producido y las consecuencias que puedan estar generando. Tanto es así, por ejemplo, que en el caso del exministro José Luis Ábalos, se determinó su suspensión antes de su imputación, y el secretario general del PSOE de Murcia, José Vélez, se mantiene en el cargo aunque hay fecha para la apertura de juicio oral y será juzgado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.

La decisión que la dirección nacional del PSOE pueda tomar con respecto a Miguel Ángel Gallardo tras su citación como investigado se desconoce, pero el líder de los socialistas extremeños asegura que «todo lo que se ha hecho desde la institución se ha realizado conforme a ley y con total transparencia» y garantiza que la Diputación de Badajoz mantendrá «una actitud de cooperación absoluta con la justicia para el esclarecimiento de los hechos investigados».

Gallardo, a través de un comunicado, señala que «es fundamental para la Diputación de Badajoz que se preserve la integridad de nuestras instituciones y la confianza de los ciudadanos. Por todo ello, seguimos reiterando nuestra disposición a colaborar en todo momento con las autoridades competentes y agradecemos el respeto y la comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de esta investigación».

Por su parte, el PSOE de Extremadura, también a través de un comunicado, «celebra la plena colaboración de la Diputación de Badajoz con la justicia» y se muestra confiado en que se demuestre que «todo se ha hecho en función de la legalidad vigente».

La formación expresa su «absoluto rechazo a la utilización partidista de un proceso judicial en curso» por parte del PP, al que acusa de querer «emponzoñar el debate político en nuestra región con afirmaciones que carecen de rigor y responsabilidad. Este tipo de actitud no solo deteriora el debate democrático, sino que también busca minar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones».

A juicio del PSOE extremeño, «en este momento es importante no realizar juicios de valor, ni emitir sentencias mediáticas paralelas como ya ha realizado el PP, por respeto al procedimiento judicial y para no invadir el derecho a la defensa de todas las partes».