Biedma pregunta hoy a los altos funcionarios de la Diputación por el contrato al hermano de Pedro Sánchez

Es la primera vez que el interventor del organismo provincial, Ángel Carlos Díaz Mancha, y los dos secretarios generales desde 2016 hasta la actualidad, José María Cumbres y Enrique Pedrero, responderán ante la jueza. Lo harán como testigos.

La institución ha defendido en todo momento que el proceso de creación del puesto de trabajo de coordinador de actividades de los conservatorios en 2017 y su cobertura, así como la posterior modificación a jefe de la oficina de artes escénicas en 2022, se hizo de forma correcta y conforme a Ley.

Las declaraciones de los directores de los conservatorios, Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez, este martes desvelaron la existencia de rumores sobre la adjudicación de la plaza a David Sánchez antes de que se hiciera público. Según Yolanda Sánchez, Evaristo Valentí le realizó ese comentario en la misma reunión en que fueron informados de la creación de ese puesto de trabajo en octubre de 2016. Esto es, siete meses antes de que convocaran las bases.

El resto de trabajadores provinciales y políticos socialistas que ya han prestado declaración ante la jueza han insistido en que se dieron los pasos habituales acordes a la forma de proceder habitual de la institución.

Hasta ahora han hablado directores de área y jefes de servicio, la mayoría funcionarios. También la que fue directora de área en 2017, Elisa Moriano, que cesó después de su cargo y se encuentra actualmente fuera de la institución. Esta justificó que el puesto era necesario por la cantidad de quejas que recibía de los profesores de los conservatorios, dado que tenían que atender actividades de los alumnos fuera de su horario laboral sin compensación. Y que fue ese el motivo que le llevó a incluir la creación de ese puesto de trabajo entre las necesidades del área de Cultura en las reuniones preparatorias de los presupuestos de 2017.

Se espera que los funcionarios de mayor rango de la institución provincial entre 2016 y la actualidad aporten más claridad este miércoles sobre los trámites administrativos seguidos con David Sánchez y con la posterior contratación de su colaborador, Luis Carrero, que trabajaba en Moncloa con anterioridad a su incorporación. Ambos hablaron de su incorporación 23 días antes de que se publicaran las bases.

Por los juzgados han pasado muchos testigos, pero recientemente la jueza acreditó las doce personas que están investigadas en la causa por prevaricación y tráfico de influencias. Estos son: David Sánchez Pérez-Castejón; el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo; los funcionarios Alejandro José Cardenal Guijarro, Emilia Parejo, Manuel Candalija, Félix González Márquez y Juana Cintas Calderón; el trabajador provincial Luis Carrero y la ex empleada Elisa Moriano. También figuran como investigados los exdiputados de Cultura Cristina Núñez y Francisco Martos, así como su su sucesor en el cargo, Ricardo Cabezas.

El próximo día 25 de abril está fijado para las declaraciones de los últimos investigados. Ese día acudirán de nuevo ante la jueza David Sánchez y Manuel Candalija, así como hablarán por primera vez Ricardo Cabezas y Luis Carrero.