La Asamblea aprueba por unanimidad las medidas del Gobierno regional en materia de personal

En el debate de las medidas de simplificación urbanística los grupos de la oposición criticaron que se aprovechara esa norma para incluir cuestiones que no tenían nada que ver, como las reformas en la función pública. Por ese motivo, ya adelantaron que darían su apoyo a estas medidas si se incluían en un decreto-ley específico.

El Gobierno regional aprobó esa norma a finales de junio y este jueves ha recibido el visto bueno del Parlamento regional por unanimidad. Además, tras su convalidación ningún grupo ha pedido que la norma se tramite como proyecto de la ley, lo que abriría la puerta a introducir enmiendas. De ese modo, el texto aprobado por la Junta tiene plena validez en todo su redacción.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha intervenido este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura para explicar estas medidas, que a su juicio fueron rechazadas por la «irresponsabilidad de la oposición».

Como recuerda la Junta, el decreto-ley cuenta con tres medidas concretas que modifican la Ley de Función Pública. Con la primera se amplía un año más la contratación de los empleados públicos en los programas de carácter temporal, que hasta ahora tenían una duración máxima de tres años. Afecta a 198 empleados públicos, entre los que se encuentran 27 en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible; 16 en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural; ocho en la Consejería de Hacienda y Administración Pública; uno en la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional; 80 en la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital; tres en la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda; cinco en la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social; 38 en la Consejería de Salud y Servicios Sociales; y veinte en la Presidencia de la Junta.

La segunda medida permite a los funcionarios interinos disfrutar del permiso por asuntos propios, que contempla entre diez días y tres meses sin retribución (distinto de los días de asuntos particulares).

La tercera medida establece la realización de un examen de salud a los empleados que deseen seguir trabajando tras cumplir su edad de jubilación. Hasta ahora solo se hacía en la primera concesión y ahora se llevará a cabo también en las renovaciones anuales.

Manzano ha agradecido a labor de los empleados públicos de la región y ha indicado que este decreto-ley busca mejorar las condiciones en las que desarrollan su trabajo.

La consejera ha recordado las medidas que el Ejecutivo regional ha adoptado en estos dos años de gobierno por los empleados públicos de la región. Así, ha citado el pago en 2023 de la subida salarial de 0,5%, así como el abono del nivel III de la carrera profesional; el pago en 2024 del nivel IV de la carrera profesional y los incrementos salariales del 0,5% y 2%; y en 2025 el pago del 0,5% y de la «deuda histórica» del 2% de 2020 que dejó pendiente el anterior gobierno, «siendo Extremadura la única comunidad autónoma que no lo había pagado». «Además, hemos actualizado el decreto de Indemnizaciones, que hacía 18 años que no se hacía, y ahora pagamos el kilometraje a 0,26 euros, pagamos el desplazamiento dentro del mismo término municipal y cubrimos el cien por cien de los desplazamientos por formación», ha añadido.

También se ha aprobado un nuevo decreto de teletrabajo, «promoviendo la conciliación de la vida personal y laboral», y se convocará un nuevo concurso de traslados de puestos singularizados antes de que termine el año 2025 «que llevaba quince años sin convocarse».