Almaraz condiciona su continuidad a que haya una rebaja de impuestos

«Ahora mismo –explican–, la continuidad de la central no solo depende de que se dé marcha atrás al calendario, sino también de una revisión de la carga impositiva que está haciendo inviable mantener las centrales operando». Estas mismas fuentes detallan que en base a los pagos previstos y la producción estimada, el cálculo es que las empresas propietarias de la instalación abonen en concepto de impuestos el próximo año 435 millones de euros, lo que equivale a 27,3 euros por cada megavatio hora producido.

Los impuestos y tasas le suponen a la planta extremeña entre el 45% y el 50% de sus costes totales, y en el escenario actual, ese porcentaje se mantendrá hasta el año 2035, según detallan desde la central, que pertenece a Iberdrola (posee el 52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%). Las tres empresas firmaron en el año 2019 un acuerdo con Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), la sociedad pública que se encarga del desmantelamiento de las centrales nucleares. La preside desde diciembre Olga García, antigua titular de Transición Ecológica en la Junta de Extremadura, quien ha sustituido a José Luis Navarro, exconsejero extremeño también.

Ese documento recoge que el el reactor uno dejará de funcionar el 1 de noviembre del año 2027 y el dos lo hará un año después. Nadie en el Gobierno ha dicho públicamente que estos plazos no se vayan a cumplir, pero desde distintos sectores se apunta la posibilidad de que el Estado cambie de criterio y autorice que la instalación alargue su vida útil más allá de esas fechas.

«Es probable que ese permiso se consiga», dijo el pasado septiembre en Navalmoral de la Mata Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, la asociación que representa los intereses de la industria nuclear española y a la que pertenecen las empresas propietarias de la instalación. Argumentó que en el lustro transcurrido desde que se rubricó el acuerdo de cierre, el panorama ha cambiado. Por varias razones. Una de ellas es la necesidad de los países de ser más autosuficientes desde el punto de vista energético ante el incierto panorama geopolítico. Otra es la tendencia europea e internacional, según Araluce, de mantener e incluso incrementar la generación de energía nuclear. «y España no debería ir a contracorriente», afirmó el representante de Foro Nuclear.

En esta línea, también hay quien cita el relevo en el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico como un factor que ayudará a variar los planes. Esa cartera la ocupaba Teresa Ribera, que la dejó para ser vicepresidenta de Transición Justa, Limpia y Competitiva de la Comisión Europea, en la práctica la número dos de ese organismo comunitario. Su puesto en el Gabinete del presidente Pedro Sánchez lo ocupa ahora Sara Aagsen, hasta entonces Secretaria de Estado de Energía.

Araluce hizo esas declaraciones en unas jornadas organizadas por la Asociación Pensando Extremadura en las que la Junta estuvo representada por Mercedes Morán. La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible afirmó que la postura de la administración regional es clara, en el sentido de apoyar una prórroga y que la planta siga funcionando. Y comentó además que los contactos entre el Gobierno autonómico y los dueños de la central eran «casi semanales».

«El compromiso de las propietarias», afirman fuentes de la planta, «es cumplir con su parte del protocolo de cierre ordenado de las centrales nucleares firmado en el año 2019, y ello a pesar del incremento de la tasa Enresa fijado por el Gobierno central». Con ese nombre se conoce al impuesto que estas plantas pagan para su desmantelamiento.

Esa tasa era de 7,98 euros por megavatio hora y el Consejo de Ministros acordó el pasado junio subirla a 10,36 euros, es decir, un alza del 30%. «Este incremento –valoran en la central nuclear de Almaraz– no estaba previsto e incumple el acuerdo firmado en el año 2019, donde el incremento se fijaba en un máximo del 20%».

Los impuestos que graban a las nucleares no son solo nacionales, sino que también los hay municipales y autonómicos. A estos últimos también se refirió Morán. «El cupo catalán nos impide bajárselos», declaró, después de defender que estas plantas pagan demasiados impuestos.