La abstención de Vox y el rechazo del PSOE tumban las medidas de simplificación urbanística

El texto recoge cambios en la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible (Lotus), entre otras normas. El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, defendió que el decreto-ley recoge «medidas decididas para afrontar la situación excepcional en el acceso a la vivienda» con el objetivo de aumentar la oferta. De entrada, propone eliminar la prohibición para que más de 260 municipios de la región, que no tienen planes adaptados a la Lotus, puedan realizar modificaciones de su planeamiento. Asimismo, destacó la reducción de trámites en los cambios de ordenamiento, la sustitución de las licencias de primera ocupación por una declaración responsable y la regulación de las entidades de certificación urbanística como órgano de asistencia a las entidades locales en la realización de trámites. También subrayó que se facilita que los ayuntamientos puedan ceder solares a entidades públicas de otras administraciones y emplear suelo de uso dotacional o terciario para VPO sin necesidad de modificar los planes generales, así como habilitar locales comerciales como viviendas.

Todas estas medidas ya no serán de aplicación. El voto a favor de Vox, sumado a la posición favorable de los 28 parlamentarios del PP, habría dado a la norma la mayoría necesaria para lograr la convalidación. El PSOE tampoco dio su apoyo (habría bastado con su abstención) y se mostró en contra. Unidas por Extremadura también la rechazó, con lo que los votos negativos superaron a los positivos.

Durante el debate de la iniciativa Vox ya había alertado de que no estaba de acuerdo con el fondo ni con la forma. El grupo reclama una negociación previa con el Gobierno regional del PP, lo que no se ha producido. En su lugar, la Consejería de Infraestructuras citó a los grupos de la oposición a una reunión para explicar las medidas. Sin embargo, sólo acudieron PSOE y Unidas por Extremadura.

El presidente del Grupo Vox, Ángel Pelayo Gordillo, expuso que el decreto-ley contiene medidas positivas «pero claramente insuficientes para lo que Extremadura necesita». Pero sobre todo criticó que el texto se ha elaborado sin diálogo. «Hay que negociar antes», afirmó, y puso como ejemplo el rechazo de su partido al decreto-ley de medidas fiscales, que finalmente se convirtió en proyecto de ley para incorporar sus enmiendas. «No aceptamos chantajes ni imposiciones», añadió. Como sucedió el pasado año con el decreto-ley de medidas fiscales por la vivienda, el voto de su grupo entierra un proyecto legislativo del Gobierno regional, lo que evidencia de nuevo su minoría parlamentaria.

El Ejecutivo extremeño, contrariado por la posición de Vox, esperaba contar al menos con la abstención del PSOE para poder sacar adelante la norma. Pero el rechazo de los socialistas quedó claro en la intervención del diputado Fernando Rodríguez, quien afirmó que la Junta plantea volver «al urbanismo más salvaje de inicios del siglo XX». Entre otros puntos del decreto-ley, criticó que se sustituya la licencia de primera ocupación por una declaración responsable y que se abra la puerta a la privatización de la gestión urbanística con la creación de las entidades de certificación. También cuestionó que se pretenda destinar suelo comercial a la construcción de viviendas protegidas, ya que «reclasificar terrenos para hacer ciudades dormitorio tiene un nombre, pelotazo urbanístico». Pero se mostró a favor de que los municipios de la región tengan dos años más para adaptarse a la Lotus, para lo que anunció que su grupo presentará una iniciativa concreta.

Joaquín Macías, de Unidas por Extremadura, pidió al Gobierno regional que retirase el decreto-ley o bien que se debatiera como proyecto de ley para poder introducir enmiendas. Como explicó, no está de acuerdo con el objetivo de la norma, la simplificación urbanística para facilitar el acceso a la vivienda. Especialmente en las zonas rurales, donde considera que el principal problema no es la falta de suelo, sino la cantidad de casas vacías.

Por parte del Grupo Popular, Juan Luis Rodríguez Campos destacó que el rechazo a la norma implica que el 70% de los municipios de la región estarán abocados a la paralización urbanística. Además, recalcó la agilización de trámites. A su juicio, los grupos de la oposición «no han querido entender el contenido de este decreto-ley».