La Junta permite destinar el suelo comercial sin uso a la construcción de viviendas protegidas

Estas medidas forman parte del decreto-ley de simplificación en materia de urbanismo, que fue aprobado el pasado lunes por el Gobierno regional y que se ha publicado este viernes en el Diario Oficial de Extremadura. El principal objetivo de esta norma es suprimir trámites en las tareas de gestión urbanística, principalmente para facilitar la labor de los pequeños municipios. Entre otras cuestiones, permite que 266 localidades puedan realizar modificaciones en su planeamiento, para lo que se cambia una de las disposiciones de la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible (Lotus).

La intención de la Consejería de Infraestructuras era introducir estos cambios en la Lotus mediante una disposición adicional que se añadió en la fase de exposición al público del proyecto de ley de cohesión territorial, como adelantó HOY. Sin embargo, finalmente se ha optado por una norma específica, en la que además se modifican otros decretos y leyes relacionados con la gestión urbanística, lo que concede una mayor seguridad jurídica. El texto se completa con reformas puntuales en la Ley Agraria y en la de Función Pública, cuestiones que ya ha avanzado el Gobierno regional.

En el recorrido para la aprobación del decreto-ley se han desestimado algunas de las medidas planteadas en el borrador de la ley de cohesión territorial, pero al mismo tiempo se han incluido otras. En este grupo destacan los cambios destinados a impulsar la construcción de vivienda en Extremadura. El consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, destacó que con ellas se pretende «facilitar suelo para que promotores y constructores puedan hacer esos desarrollos residenciales que tan necesarios son en las grandes ciudades y también en los pequeños municipios donde la despoblación es un problema».

Uno de esos cambios consiste en que parcelas y edificios situados en suelo urbano que estén calificados para uso terciario o comercial se podrán destinar a la construcción de viviendas protegidas sin necesidad de modificación del planeamiento vigente.

La modificación se hará efectiva con la licencia urbanística que ampare la actuación, teniendo como requisito previo que en la zona en cuestión no exista demanda de uso terciario y que no exista una oferta suficiente de terrenos residenciales para atender la demanda recogida en los registros públicos de demandantes de vivienda.

Como recoge el decreto-ley en la exposición de motivos, «esta flexibilización normativa evitará la tramitación de modificaciones de la ordenación como requisito previo a posibles actuaciones puntuales de renovación urbana que tuvieran como objeto la promoción de vivienda protegida».

Además, los locales comerciales construidos en edificios de vivienda colectiva podrán destinarse a viviendas, siempre que cumplan las condiciones exigibles en la normativa aplicable. Esto ya es posible en varias ciudades de la región, pero ahora se recoge de forma expresa en una ley autonómica.

El decreto-ley también permite desarrollar viviendas sociales en suelos dotacionales públicos o en edificios destinados a equipamiento público, aunque para ello se exige el cumplimiento de los estándares sobre zonas verdes.

Para construir viviendas sociales en suelos dotacionales no se requerirá una modificación del planeamiento, sino que bastará con aprobar un plan especial que contemple la ordenación precisa y, en caso de que sea necesario, las obras para completar la urbanización o infraestructuras.

Junto a esto, la nueva norma amplía las facultades de disposición de los bienes y recursos que integran el patrimonio público de suelo con independencia de su origen, ya que hasta ahora sólo se permitía para el suelo adquirido por cesiones obligatorias. Con ello se pretende poner en marcha «de forma inmediata actuaciones públicas encaminadas a la ejecución, conservación y mejora de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, incrementando la oferta existente de viviendas en régimen de alquiler y en propiedad».

Con el mismo fin, se permite la cesión gratuita a otras Administraciones Públicas o a entidades o empresas públicas de ellas dependientes. Con la redacción anterior no se podía entregar bienes patrimoniales de titularidad municipal a empresas públicas que no sean de la misma administración, lo que complicaba el desarrollo por parte de otras entidades del sector público.