Más de 3.500 funcionarios tendrán que superar una evaluación para seguir en su puesto de trabajo

Esto supone que con las medidas en marcha los empleados públicos deberán superar esa evaluación para poder promocionar o no perder su puesto de trabajo, aunque nunca serán despedidos en caso de que no superen la prueba que, por el momento, aunque llegará a todos los funcionarios, afecta a los más de 3.500 empleados públicos que en Extremadura pertenecen a la Administración General del Estado.

«Es el número al que afecta por el momento una norma que después llegará a todos, una vez se negocie su aplicación en los diferentes ámbitos autonómicos y locales», explica Benito Román, presidente autonómico de CSIF, central mayoritaria en la administración pública de la región. «Su aplicación arranca con los más de 3.500 empleados de la Administración General del Estado, distribuidos entre el Ministerio de Interior, el Sepe o la Seguridad Social», detalla Román. «Pero después las pruebas de evaluación las tendrán que hacer también los empleados de la Administración General de la Junta, los del SES, Educación, los que trabajan en la administración de justicia o en las locales», concreta el presidente de CSIF.

Porque el texto ya en vigor regula una evaluación del desempeño que es obligatoria, el procedimiento por el que se pretende que se valore la conducta profesional del empleado y se mida su rendimiento, todo ello con el objetivo de mejorar la productividad y, con ella, la prestación del servicio público.

Tal como explicó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cuando adelantó la norma, estas pruebas de desempeño habían sido consensuadas con las organizaciones sindicales tras el proceso de información pública del anteproyecto de ley de Función Pública, que decayó por la convocatoria de elecciones. Pero, en cualquier caso, «se plantean en positivo, por lo que en ningún caso implicarán la pérdida de la condición de funcionario para quienes no las superen», aclaró el ministro.

De hecho, en el caso de que un empleado público no tenga resultados satisfactorios en las mismas, «se fomentarán medidas de formación para dotarle de herramientas que le permitan un mejor desempeño». Según el Gobierno y así se recoge en el real decreto publicado en el BOE, «el fomento de la participación y las ofertas constantes de mejora de condiciones se convertirán además en incentivos para que puedan dar la vuelta a esa situación».

En cualquier caso, la llamada evaluación de desempeño se plantea como herramienta clave para animar y extender las mejores prácticas, tanto a nivel organizativo como individual, y tendrá efectos directos en la progresión de la carrera profesional, en la acreditación de méritos para la provisión de puestos de trabajo, en la continuidad en el puesto, en la percepción de retribuciones complementarias de carácter variable y en la valoración de las necesidades formativas.

Negociación pendiente

No en vano, en la norma se introduce como novedad la carrera horizontal, que consiste en el reconocimiento del desarrollo profesional mediante su progresión a través del ascenso en un sistema de tramos, que son resultado de una evaluación objetiva y reglada, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, que tendrá en cuenta la trayectoria profesional y el resultado de la evaluación del desempeño, así como el cumplimiento de un itinerario de formación especializada.

«Tanto la evaluación del desempeño como la carrera horizontal estarán intrínsecamente relacionadas, dado que para que el personal funcionario pueda participar en la carrera horizontal, debe contar con una evaluación del desempeño previa y positiva», resume Benito Román.

No obstante, respecto a las propias pruebas, «que no tendrán consecuencias en las dos primeras anualidades tras su implementación», nada aclara el real decreto más allá de que «serán transparentes y se adecuarán a criterios de objetividad, imparcialidad y no discriminación». Porque en qué consistirán «será objeto de negociación colectiva», recoge la normativa. También que se crearán «comisiones de seguimiento, con participación de la Administración y las organizaciones sindicales más representativas, para la valoración global de los procesos realizados y los resultados obtenidos, así como para la formulación de propuestas de mejora en atención a dichos resultados».

En definitiva, «cada sector en su mesa de negociación acordará en qué consiste la prueba de desempeño», concluye el presidente autonómico de CSIF.