Sindicatos de funcionarios ven agravios en la reforma del Consejo Consultivo

Sindicatos de funcionarios ven agravios en la reforma del Consejo Consultivo

CC. OO., UGT, CSI-F, Pide, y Simex rechazan que se consoliden privilegios que las plantillas públicas solo disfrutan a cambio de servicios salariales

JUAN SORIANOMérida

Los representantes sindicales de la región consideran que la anunciada reforma de la Ley del Consejo Consultivo supone un agravio comparativo con los trabajadores de la administración. A su juicio, la propuesta de la Junta de Extremadura de ampliar y consolidar el régimen de compatibilidades de los miembros del órgano consultivo contrasta con la dedicación exclusiva que se exige a los empleados de la función pública, que pueden realizar otro tipo de actividades en paralelo o en el ámbito privado, pero sólo si renuncian a parte de su sueldo.

Noticias relacionadas

El Ejecutivo contempla una modificación de la norma para clarificar qué actividades son compatibles con las funciones del Consejo Consultivo con el objetivo de evitar ambigüedades. Lo hace después de que HOY publicara que el actual consejero de Hacienda y Administración Pública, Clemente Checa, realizó, facturó y cobró informes para otras administraciones e incluso para un despacho de abogados mientras formaba parte del órgano consultivo.

El Gobierno regional y el propio Consejo Consultivo consideran que estas tareas no suponen ninguna incompatibilidad, son perfectamente legales y legítimas, pero quiere aclarar los términos para evitar que puedan surgir nuevas dudas.

La Ley de Incompatibilidades, de aplicación para el Consejo Consultivo, considera compatibles «las actividades de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas, así como la colaboración y la asistencia ocasional como ponente a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional», eso sí, «siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes».

Checa facturó esa prestación de servicios en forma de dictámenes e informes de asesoría jurídica. Pero además el artículo 5 establece la incompatibilidad de las funciones «con la gestión, defensa, dirección o asesoramiento de asuntos particulares ajenos, cuando las índoles de las operaciones de los asuntos competa a las administraciones públicas resolverlos o quede implicado en ellos la realización de algún fin o servicio público».

Rechazo de los sindicatos

Para Benito Román, presidente autonómico del sindicato CSI-F, la reforma de la ley es necesaria, pero no en el sentido que quiere la Junta. A su juicio, hay que eliminar cualquier tipo de compatibilidad, incluidas las que se recogen en la normativa en vigor sobre publicaciones de carácter literario, científico o técnico. «La incompatibilidad debería ser absoluta», afirma, con lo que no cabría ningún tipo de interpretación. Sólo así, destaca, el propio organismo podrá elaborar un dictamen sobre la reforma de la ley que lo regula, como deberá hacer cuando el Ejecutivo regional presente su proyecto.

Román plantea además que este régimen de incompatibilidad absoluta se extienda también a los miembros del Consejo de Gobierno y a los altos cargos de la Junta, y recalca que los empleados públicos que quieran compatibilizar su trabajo con una actividad privada deben renunciar a parte de su sueldo.

El secretario general de CC OO de Extremadura, Julián Carretero, cree que la modificación de la Ley del Consejo Consultivo supone «abundar en una metedura de pata aún mayor» después de que la Junta haya defendido la labor de Checa. Además, alerta del agravio comparativo que ocasionará con los más de 90.000 empleados públicos en la región que «por ley tienen incompatibilidad», según recoge Efe. Carretero critica que si a partir de ahora los miembros del Consejo Consultivo pueden «cobrar por prestar servicios a terceros, administraciones públicas o entidades privadas, van a tener una posibilidad que no tienen los funcionarios públicos». También considera que el órgano «se ha degradado totalmente» y estima que su «presidente bien haría el replantearse si tiene que seguir al frente del mismo, así como el resto de sus miembros».

Por su parte, Francisco Capilla, secretario general de UGT en la región, coincide en señalar que la reforma propuesta supone un agravio comparativo para los empleados públicos, a los que se exige exclusividad absoluta o renunciar a ella a cambio de pérdida de retribuciones. A su juicio, permitir a los miembros del Consejo Consultivo trabajar en ámbitos distintos a su labor sólo pretende salvar al consejero Checa.

Aunque reconoce que cualquier medida supondría abrir una nueva crisis de gobierno cuando se acaba de cerrar la anterior, considera que el presidente de la Junta debe «afrontar la realidad». En su opinión, de esta forma se produce además «un desprestigio de las instituciones», al tiempo que critica que el nuevo presidente del Consultivo, el exconsejero regional Pedro Tomás Nevado-Batalla, se haya pronunciado a favor de la administración autonómica en un asunto tan espinoso.

En la actualidad cualquier empleado del sector público autonómico puede compatibilizar su trabajo con la actividad en el ámbito privado, pero siempre y cuando reciba una autorización expresa y renuncie a parte de su sueldo en un porcentaje fijado por ley. Esto es posible desde este año gracias a una disposición incluida en los Presupuestos Generales de Extremadura.

José Manuel Chapado, del sindicato educativo PIDE, explica que si un docente quiere dar clases en una academia puede ver reducida su nómina hasta en 400 euros al mes. La cantidad exacta dependerá de sus funciones y del tiempo que dedique a la actividad privada. En cualquier caso, se pregunta si sería ético que un profesor que debe evaluar a un alumno cobre a ese mismo alumno por clases particulares.

Respecto al Consultivo, recalca que sus miembros cobran casi el doble que un trabajador de la Junta del Grupo A (licenciados), lo que justifica su dedicación exclusiva. «No es posible que alguien, con el sueldo que se le está pagando, pueda hacer informes para otra entidad». Además, podría darse conflicto de intereses si intervienen en asuntos privados que después tienen traslado a leyes autonómicas.

Manuel Carmona, del Sindicato Médico Extremeño, señala que los sanitarios deben renunciar a un 20% de un complemento para poder ejercer actividad en el ámbito privado. Esto supone unos 200 euros al mes.

Excepciones que señala la Junta

La Junta de Extremadura recuerda que la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas establece excepciones a las actividades que pueden realizar los empleados públicos «en el mismo sentido y casi con la misma redacción» que las recogidas en el Estatuto de los Cargos Públicos de Extremadura, así como en la anterior Ley de Incompatibilidades de los Altos Cargos la Junta. «De hecho, son numerosos los empleados públicos, en Extremadura y en España, que se acogen a dichas excepcionalidades», añade. En la misma línea, recalca que la reforma de la Ley del Consejo Consultivo que se va a emprender tiene por objeto «acabar con todas las interpretaciones en torno a las excepcionalidades, además de disponer de un mayor control sobre la actividad investigadora y de producción que desempeñan los miembros de esta institución».