El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, comandado por Óscar López, ya ha presentado a las comunidades autónomas las líneas maestras del nuevo plan para luchar contra la temporalidad en España, la más elevada de Europa, que recoge iniciativas como imponer un tope de dos años por puesto, impedir el encadenamiento de contratos, reconocer la antigüedad de los interinos y fijas sanciones más duras.

La propuesta normativa -un texto de 21 páginas al que ha tenido acceso en exclusiva este periódico- modifica los artículos 10 y 11 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), la norma que regula los derechos, deberes y condiciones de trabajo de los empleados públicos en España. La reformulación propuesta por Función Pública reduce de tres a dos años el tiempo máximo que un interino puede ocupar una vacante y establece que, una vez superado ese plazo, «sólo podrá ser ocupada por un funcionario de carrera». Desaparece así la opción de que la misma persona continúe en el puesto si la plaza queda desierta, una modificación que despierta dudas legales en el sector por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La nueva redacción elimina también la posibilidad de que otro interino ocupe la misma plaza y limita los contratos encadenados: «No podrá nombrarse personal interino a quien ya hubiera sido nombrado en la misma Administración en una o varias relaciones diferentes, por un periodo total que supere el máximo de dos años, hasta pasados seis meses desde el último nombramiento». Asimismo, fija que estas vacantes «han de incluirse en las ofertas de empleo público correspondientes al ejercicio en el que se produzcan».

El departamento de López quiso quitar hierro a un tema que -saben- genera polémica y, tal y como está redactado, un fuerte rechazo por parte de los sindicatos. Por ello, señalaron a este periódico que «no es una propuesta que se debatiera ni se votara» (pese a entregar el texto por escrito a los consejeros regionales), sino que tuvo «carácter consultivo». Las comunidades autónomas, sin embargo, conocieron el plan únicamente a través de un anexo, sin participar en la elaboración de las medidas. Fuentes sindicales confirman que tampoco habían sido informadas: «No hay interlocución; nunca ha pasado esto o yo no lo recuerdo», denunciaron.

Para Comisiones Obreras, estas medidas supondrían un «perjuicio gravísimo» para la continuidad del servicio público y establecerían «más trabas a la contratación», por lo que serían «totalmente ineficaces» para cumplir el objetivo de estabilización. «Es un parche y no aborda la problemática», añaden desde CSIF. Los representantes de los trabajadores públicos rechazan estas propuestas —conocidas, insisten, a través de los medios— porque «penalizan» a los interinos. «No se habla de la tasa de reposición que prometieron eliminar», recuerdan. Según sus cálculos, más de la mitad de los funcionarios del Estado están próximos a la jubilación y estas medidas «provocarán un cuello de botella» en su sustitución.

Con este paquete de medidas, la Secretaría de Estado de Función Pública pretende cumplir los compromisos adquiridos con Bruselas para corregir el abuso de la temporalidad en la Administración. Dicho abuso ha motivado la apertura de dos procedimientos de infracción por «incumplimientos de los compromisos adquiridos desde 2021» y la mencionada congelación de 627 millones de euros de fondos comunitarios por «no compensar correctamente la tasa de temporalidad».

El texto plantea también cambios en el régimen sancionador y amplía los derechos de los interinos. Se introduce una indemnización automática de 20 días por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades, para los interinos cuyo nombramiento supere los límites legales o se declare en fraude de ley. Además, si se demuestra un daño mayor derivado del abuso de temporalidad, el empleado podrá reclamar un resarcimiento superior. El documento prevé igualmente multas para los altos cargos que incumplan estas obligaciones, con infracciones leves, graves y muy graves, incluidas las derivadas de fraude de ley reconocido por sentencia firme.

Asimismo, se obligará a implantar en el plazo de un año sistemas de información interoperables que registren cada nombramiento temporal: fecha de inicio y fin, causa, modalidad y criterios de cese. Estos registros deberán contar con mecanismos de alerta que permitan detectar en tiempo real las plazas que superen los plazos máximos. Varias autonomías consideran estas medidas desproporcionadas, mientras que los sindicatos las ven insuficientes. «Han de ser más duras para los altos cargos, incluso penales en determinados casos», destacan.

Con estas disposiciones, y con la reforma de la carrera judicial y fiscal actualmente en tramitación en el Congreso, Moncloa trata de adecuar la legislación española a sus compromisos comunitarios. Sin embargo, el Ejecutivo se ha quedado solo. «Nuestro compromiso con la estabilización es claro, pero no aceptaremos imposiciones unilaterales que debiliten la prestación de servicios básicos, como sanidad y educación, o que supongan un riesgo para los empleados públicos interinos, o generen nuevos costes sin financiación garantizada», apuntan representantes autonómicos.

Desde el ámbito sindical, las tres organizaciones mayoritarias, que representan al 80% de la función pública, advierten de un calendario de movilizaciones si no se atienden sus reclamaciones. «Hay falta total y absoluta de interlocución», recalcan. Sus reivindicaciones —además de la reducción de la temporalidad, la jubilación y la subida salarial— siguen sin respuesta. Hasta ahora los sindicatos no han visto aplicado ningún incremento retributivo en el presente ejercicio, a pesar de que la inflación acumula una media del 2,5%. Esto supone una nueva merma de poder de compra que se suma a la sufrida en los últimos años, una pérdida que, según cálculos de CSIF, ronda el 20% desde los recortes derivados de la anterior crisis económica.

Los principales sindicatos recuerdan, además, que siguen pendientes cuestiones como la normativa sobre jubilación parcial para empleados laborales, funcionarios y personal estatutario; la adaptación de la clasificación profesional al sistema español de cualificaciones; la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado; y las condiciones del Servicio Exterior. Si no reciben una respuesta, CC OO, CSIF y UGT han señalado que reanudarán y reforzarán las movilizaciones que comenzaron en julio. «Ni qué decir tiene que, de no obtener respuesta, tomaremos las medidas que consideremos oportunas», alertaron a principios de esta semana.