Una reforma del impuesto sobre el patrimonio duplicaría su capacidad redistributiva
Fedea advierte de que el diseño actual presenta limitaciones significativas en términos de progresividad, equidad territorial y capacidad redistributiva
La eliminación del mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio y las deducciones autonómicas duplicarían la capacidad redistributiva del tributo al pasar del 0,5% ... actual al 1,2% más rico. Esta es la propuesta más significativa de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su último estudio en el que aborda las «limitaciones significativas» de este tributo. Adoptar esta medida, según, sus cálculos, supondría aumentar la recaudación de los 1.081 millones actuales a los 4.716 millones.
Otra de las sugerencias del think tank es la de eliminar únicamente las bonificaciones autonómicas, manteniendo ese mínimo exento, en cuyo caso la recaudación ascendería hasta los 6.393 millones de euros mejorando «tanto la progresividad como la incidencia agregada», subraya el texto. El estudio revela que el tributo concentra la carga sobre el 0,5 % más rico de la población. Esta aparente progresividad, señala, se diluye por su escasa cobertura y por la descentralización autonómica, que permite aplicar bonificaciones del 100% en comunidades como Madrid, Andalucía o Extremadura. El resultado: diferencias territoriales, baja recaudación y escaso impacto en la reducción de desigualdades.
La combinación de ambas medidas elevaría la recaudación a 7.922 millones. En este caso, los patrimonios más elevados seguirían concentrando el mayor esfuerzo, pero de manera más homogénea entre territorios y con un efecto mucho más claro sobre la desigualdad patrimonial. Además en este caso la progresividad no se vería alterada, lo que convertiría a este rediseño en una herramienta más eficaz.
Para Fedea, el problema es que ampliar la base imponible incrementa la recaudación, pero no siempre garantiza mayor redistribución si no se corrigen sesgos estructurales. La fragmentación autonómica de este impuesto refuerza esta paradoja: el gravamen patrimonial resulta progresivo en su diseño formal, pero débil en su capacidad real para corregir desigualdades.
El informe advierte que el diseño del impuesto impacta de forma desigual según características sociodemográficas. Los hogares unipersonales y las personas de mayor edad son los más expuestos al tributo, mientras que la titularidad compartida reduce la carga. Además, los patrimonios más elevados tienden a beneficiarse de la deducibilidad de pasivos, lo que erosiona la progresividad efectiva.
El análisis también contrasta el impuesto patrimonial español con modelos europeos. El sistema francés, focalizado en patrimonio inmobiliario, logra más redistribución que el español. El italiano, con base amplia y tipos proporcionales, destaca en recaudación, pero introduce rasgos regresivos. La propuesta del economista Thomas Piketty —gravar todo el patrimonio con tipos crecientes— multiplica por quince la recaudación y amplía la cobertura hasta afectar al 10 % más rico, configurándose como el escenario más ambicioso.
El informe concluye que existen dos caminos claros: avanzar con reformas graduales —como la reducción de exenciones y bonificaciones— para fortalecer su impacto, o abrir el debate sobre modelos más ambiciosos que replanteen su papel dentro de la política fiscal española.
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