Desarticulada otra organización criminal por fraude de 133 millones en hidrocarburos

La organización sobre la que se ha actuado sería la responsable de un presunto fraude a la Hacienda Pública en los ejercicios de 2020 y 2021, que alcanzaría los 133 millones de euros. Funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de manera conjunta con agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han logrado desarticular esta importante organización criminal, caracterizada por la creación de un complejo entramado empresarial liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector a través del cual perpetrarían la comisión del fraude, responsabilizando a empresas instrumentales, de manera artificial, de la liquidación de los impuestos que genera este comercio.

Al mismo tiempo, estas empresas transfieren los fondos correspondientes a los beneficios generados en la elusión del impuesto a cuentas bancarias de otras mercantiles ubicadas en países terceros.

Esta operación policial, enmarcada en la lucha contra el fraude que se comete de manera recurrente en este sector estratégico, es dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, habiéndose practicado hasta el momento seis detenciones (dos en Sevilla y cuatro en Madrid), así como dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en Madrid.

El fraude de hidrocarburos se ha convertido en un problema de tamaño colosal para el sector y para Hacienda. Solo en 2023 el Estado dejó de recaudar más de 1.000 millones de euros en IVA, además de otras pérdidas derivadas del incumplimiento de obligaciones sectoriales, que también tienen repercusiones económicas y de otra índole.

Consiste en consiste en que la compañía no liquida el IVA correspondiente a la venta a la estación de servicio o distribuidor minorista que vende al consumidor final, quien sí paga ese IVA y lo repercute a los clientes. Quien comete el supuesto delito es la compañía que vende el combustible a la estación de servicio, no ésta. Y lo hace porque la reforma de la ley de 2015 permite a estas empresas que los minoristas pudieran vender a otros minoristas, e incluso a mayoristas, y se pasó de tener que controlar a un número reducido de empresas a estar ante unos cuantos miles de sujetos que podían realizar operaciones de venta.