La red provincial de electrolineras de Cáceres pasa a manos de Repsol y será de pago

La institución provincial ha asegurado a HOY que es consciente del perjuicio que la situación está causando y que se encuentra en contacto permanente con Repsol para que la reactivación de la red se lleve a cabo cuanto antes, esta misma semana a ser posible. Este diario ha preguntado por sus planes a la multinacional energética, que no ha respondido.

Según indica la Diputación, la interrupción en el servicio se debe a la necesidad de adaptar la red a la nueva plataforma de pago vía aplicación móvil que va a implantar la empresa adjudicataria, en la cual tendrán que registrarse los conductores de vehículos eléctricos que quieran hacer uso de los puntos de recarga.

El cierre temporal de la red provincial es un serio problema para las personas que utilizan vehículos eléctricos, sobre todo en zonas rurales, ya que en muchas de ellas son las únicas electrolineras disponibles. De hecho, según el visor geográfico SIG de puntos de recarga de acceso público en Extremadura, que acaba de actualizar la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta, estos 65 puntos de la red de la Diputación suponen casi el 70% de todos los de uso público que hay en la provincia, que son 94. La red es en realidad algo más amplia, ya que cuenta con otros siete que no son de acceso público, sino de uso exclusivo de la Diputación. El pliego del contrato establece que estos últimos seguirán siendo gratuitos para los vehículos del parque móvil de la institución provincial.

La licitación de la red de recarga se publicó el pasado mes de mayo en dos lotes. El objetivo es privatizar durante los próximos cinco años la gestión, explotación, mantenimiento y conservación tanto la infraestructura ya existente como de los puntos que se vayan añadiendo próximamente, dentro del plan que tiene la Diputación de que en toda la provincia haya al menos una estación de carga cada 50 metros en línea recta o cada 75 kilómetros por carretera.

Hasta ahora la red estaba gestionada por la propia Diputación y las recargas eran gratis para los usuarios. Una vez que en los próximos días las estaciones vuelvan a ponerse en funcionamiento de la mano de Repsol, se cobrará un precio de 0,45 euros por kWh, además de 0,05 por cada minuto que exceda de las tres horas de uso del punto de carga. El precio por kWh se irá actualizando en función del mercado y los pagos deberán hacerse obligatoriamente mediante una aplicación en la que los usuarios tendrán que darse de alta.

A cambió de la explotación del servicio, Repsol, que recibe los cargadores en perfecto estado de uso y no tiene que llevar a cabo ninguna inversión extra, abonará a la Diputación un canon total por los cinco años de 23.400 euros más IVA. El valor del contrato estimado en el pliego de condiciones es de 2.580.212 euros. Deberá mantener las estaciones de recarga en condiciones óptimas y resolver cualquier incidencia que afecte a la operatividad en un plazo máximo de 24 horas.