La red provincial de electrolineras de Cáceres tiene ya en servicio 66 puntos de recarga

Cuando Repsol se hizo cargo a finales de julio de 2024 de la red tras el concurso convocado por la Diputación, tan solo 15 de las 72 electrolineras estaban en funcionamiento. Todas ellas dejaron de estar operativas el mes de agosto al completo mientras la empresa las adaptaba a su sistema de pago y a su imagen corporativa. 65 son de uso público y las otras siete están reservadas para uso exclusivo de la institución provincial.

Hay que recordar que todos estos puntos de recarga fueron instalados por la Diputación de Cáceres y que su uso fue gratuito hasta que se adjudicaron a una empresa privada. En realidad la mayoría de las electrolineras nunca llegaron a entrar en servicio hasta que se llevó a cabo la adjudicación, y desde entonces se han ido activando de manera paulatina en un proceso lento que todavía no ha finalizado.

Desde Repsol indicaron entonces que el tiempo medio desde que se termina de construir un punto de recarga hasta que entra en servicio es de 15 meses, una demora que se debe a los trámites que hay que llevar a cabo tanto con la administración como con las distribuidoras de electricidad. Sin embargo, la multinacional aseguró que en el caso de la red provincial de Cáceres este tiempo se vería reducido de manera considerable, pues ya estaban avanzadas algunas fases de ese proceso.

El presidente de la Diputación. Miguel Ángel Morales, fue bastante crítico ya entonces con la demora en poner en funcionamiento la red. «Esto tendría que haber estado resuelto mucho antes, desde 2023 –dijo–, pero cuando llegamos el nuevo gobierno vimos que estaba todo paralizado e incluso había algunos puntos de recarga que no estaban ni acabados, ni las empresas que los construyeron se los habían entregado a la Diputación», apuntó el presidente, quien reconoció que «esto no ha funcionado como debería, y ahora estamos encima para que funcione correctamente y cuanto antes, aunque la responsabilidad ya no es nuestra».

La licitación de la red provincial de recarga de vehículos eléctricos se publicó en mayo de 2024 en dos lotes. El objetivo era privatizar durante los siguientes cinco años la gestión, explotación, mantenimiento y conservación tanto la infraestructura ya existente como de los puntos que se vayan añadiendo dentro del plan que tiene la Diputación de que en toda la provincia haya al menos una estación de carga cada 50 kilómetros en línea recta o cada 75 kilómetros por carretera.

Hasta entonces la red estaba gestionada por la propia Diputación y las recargas eran gratuitas para los usuarios. Tras la adjudicación se empezó a cobrar un precio de 0,45 euros por kWh, además de 0,05 por cada minuto que exceda de las tres horas de uso del punto de carga. El precio por kWh se va en función del mercado y los pagos deben hacerse obligatoriamente mediante Waylet, una aplicación para móviles de Repsol en la que los usuarios tienen que darse de alta.

A cambió de la explotación del servicio, Repsol abona a la Diputación un canon total por los cinco años de 23.400 euros más IVA. El valor del contrato estimado en el pliego de condiciones es de 2.580.212 euros. Debe mantener las estaciones de recarga en condiciones óptimas y resolver cualquier incidencia que afecte a la operatividad en un plazo máximo de 24 horas.