Los okupas de La Muela denunciarán al Ayuntamiento de Cáceres si les desalojan sin orden judicial

Ahora, según explican a HOY, los okupas de La Muela se proponen denunciar al Consistorio si decide ejecutar la expulsión «sin obtener la correspondiente autorización del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo». Consideran que se estaría cometiendo un delito de allanamiento de morada en los términos expuestos en el artículo 202.1 del Código Penal. Si se da el caso, «sin dudarlo pondríamos en conocimiento de los juzgados», aseguran. Anuncian a su vez que han recurrido la resolución de su expediente y que esta causa se encuentra en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres.

«La potestad de tomar la decisión sobre si tenemos o no que desalojar el CSOA (Centro Social Ocupado Autogestionado) La Muela ya no es del Ayuntamiento, muy a su pesar y al de sus concejales de PP y Vox, incluso a los del PSOE o Podemos, aunque se abstengan de votar, sino del Juzgado», precisan.

Esta idea de que la administración municipal no tiene potestad para tomar una decisión ya la habían expresado en tres escritos de alegaciones presentados en el Ayuntamiento. Los informes jurídicos del Consistorio propusieron desestimar estos argumentos. Entienden que se ha producido una «ocupación indebida del bien de dominio público» y titularidad municipal. La decisión puede pasar de nuevo por Pleno, y los grupos políticos deberán pronunciarse, en primer lugar en una próxima Comisión de Urbanismo. Los activistas de La Muela participaron en la sesión de octubre. Mostraron su rechazo a las decisiones municipales.

«De nada sirve que sigan tratando el tema en la sección de Patrimonio, o votando en la Comisión de Urbanismo, o leyendo las decisiones tomadas en el Pleno del Ayuntamiento (sólo la última de ellas notificada). La verdad es que ahora un juzgado sin color político (crucemos los dedos) tendrá que decidir».

En el texto remitido a este diario este colectivo reflexiona sobre qué es un domicilio y señalan que este «se encuentra vinculado a noción constitucional de vida privada y directamente relacionada con el derecho a la intimidad personal y familiar» y alegan que se trata de un «concepto amplio» que no tiene que ver con la titularidad de la misma.

Tampoco requiere, dicen, permanencia dentro del mismo ni la necesaria inscripción en un padrón municipal para constituirse como domicilio, como si de un acto formal se tratara, indican desde este colectivo.

Acerca de un posible desalojo señalan que si así sucediera «no van a acabar con el problema», porque este es más general. Y anuncian que mientras sigan estando en este espacio van a seguir haciendo actividades» y «mientras siga habiendo casas vacías y gente sin casas, la okupación seguirá siendo una respuesta legítima». Apuntan a que el precio abusivo de los alquileres el que hace que la gente siga organizándose «para ponerle freno o remedio».

Desde que iniciaron este proyecto los miembros de La Muela defienden que «mientras haya espacios públicos abandonados, y necesidades sociales no resueltas, se liberarán otros espacios para satisfacer dichas necesidades». Argumentan que la represión no logrará apearles de su idea inicial.

Indican que los precios del alquiler en Cáceres se han encarecido un 26%, y que es la provincia con mayor aumento en el precio del alquiler del país.

Otros colectivos de la ciudad han expuesto también el problema del precio de la vivienda, como la asociación juvenil de estudiantes Acho UEx. Según su representante, Ángel Andreo, el incremento del precio de los alquileres en la ciudad que dificulta su estancia y su rendimiento académico. «El precio medio del alquiler de una vivienda en la ciudad es de 755 euros» señaló en una entrevista en este diario poco después del arranque del curso académico.

Por su parte, la plataforma vecinal Stop Alquileres Abusivos Cáceres anunció la semana pasada el inicio de una campaña basada en la pegada masiva de carteles en toda la ciudad. Esta acción pretende, según un comunicado, «visibilizar la grave situación que vive la ciudadanía cacereña debido a los precios desorbitados de los alquileres así como exigir al Ayuntamiento que aplique la ley para frenar la subida descontrolada de precios al ser Cáceres Zona Tensionada», indica. Ellos calculan que para afrontar un alquiler, con los precios de la ciudad, se requieren 18 días de trabajo.