Un Juzgado de Cáceres zanja la disputa por el suelo del futuro parque comercial en la N-630 a favor de sus propietarios

Los obstáculos han sido muchos desde que la iniciativa entró en 2017 en el Ayuntamiento. Uno de los principales, la disputa por la propiedad del suelo. La empresa Pronorba se ha venido atribuyendo la titularidad del mismo frente a los integrantes de la vigente Agrupación de Interés Urbanístico (AIU). De hecho, llegó a constituir una segunda AIU, La Labradora, para esa actuación. La Dirección General de Urbanismo de la Junta de Extremadura lo rechazó. Ahora se sabe que el caso llegó a los tribunales en enero de 2023 con una demanda de Pronorba. Pretendía que se le reconociese «como legítimo propietario de la finca». En una sentencia del pasado 16 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia número 1 la desestima y condena en costas a la promotora.

La jueza alude a la resolución de junio de 2020 de la Dirección regional de Urbanismo que declaraba la caducidad del expediente para la inscripción de esa segunda AIU que promovía la entidad demandante. «Demuestra que no existía ninguna referencia catastral y que Pronorba no tenía derechos inmobiliarios sobre la finca», concluye. El organismo de la Junta de Extremadura dio por cerrado el expediente «al no poder presentar Pronorba la documentación que acreditaba tales derechos».

En la sentencia se menciona como determinante el informe pericial de un ingeniero técnico forestal que además «poseía conocimientos del derecho de minas», se reseña. «No puede sino acogerse totalmente el informe pericial de la demandante», se apunta. Entre sus conclusiones se cita que «la finca de la familia Guisado con sus límites figura en todos los catastros desde el año 1956» a lo que se añade que «Pronorba no tiene ningún título de propiedad» salvo «unos derechos mineros caducados».

Pronorba ha venido presentando alegaciones cada vez que la tramitación del parque de medianas ha ido dando pasos en el Ayuntamiento. Las mismas fueron rechazadas por los técnicos y pasaron los filtros de la Comisión de Urbanismo y el pleno. La jueza concede «valor probatorio» a los escritos recogidos, ya que se trata «en su mayoría de documentos oficiales, emitidos por funcionarios públicos», reseña. De esa forma, no ve acreditado que Pronorba sea propietaria ya que «solo» demuestra «la titularidad de unos derechos mineros caducados». Por ello, desestima la demanda contra los actuales propietarios, en concreto los hermanos Guisado.

Pronorba, no obstante, tiene un plazo de 20 días para recurrir ante la Audiencia Provincial. Eso sí, se expone ahora a ser ella la demandada, ya que los afectados valoran los daños que haya podido causar al proyecto la obstaculización del mismo. Ya el anterior Ejecutivo municipal advirtió a Pronorba de que se abstuviese de realizar actos sobre esa zona proyectada. La promotora respondió con un escrito dirigido al alcalde, entonces Luis Salaya, concejales, técnicos y funcionarios implicados en el expediente y aludía a su responsabilidad por ser el verdadero propietario del suelo.

El parque de medianas pasó por el pleno de mayo. Las alegaciones de Pronorba fueron rechazadas y se dio cuenta de los informes sectoriales para aprobar el programa de ejecución y de forma definitiva el estudio de detalle. Solo se abstuvo Unidas Podemos. Otro trámite salvado era el acceso. El escollo se superó con un acuerdo de cesión de ese tramo de la N-630, del Ministerio de Transportes al Ayuntamiento. Se trata de una arteria por la que circulan unos 22.00 vehículos. Al parque accederán unos 2.000 cada día.

El acta de cesión de la carretera no está firmada aún, confirma el Consistorio. Deberá incluir un proyecto de reforma, con aceras e iluminación para garantizar la seguridad de los viandantes.

Entre la contratación de las obras de urbanización del centro y su recepción se fija un plazo de ocho meses, seis de ellos para la ejecución de los trabajos. Son 17 meses para todo el proceso aún pendiente.