El caso de la filtración de las oposiciones, a la espera de un informe del teléfono móvil del policía investigado en Cáceres

Entre ellos estaba el actual jefe de la Policía Local que, al igual que el presidente del tribunal examinador, pidió personarse en el procedimiento para tener conocimiento exacto de las acusaciones que se les imputaban y de los hechos. También ha declarado ya otra persona, pero como testigo.

La titular del Juzgado que lleva la causa, el antiguo número 4 de Cáceres de primera instancia e instrucción, Aida de la Cruz, no aceptó de inicio la solicitud planteada por el letrado del jefe policial. En una providencia del pasado noviembre precisaba que en ese momento procesal ninguno de ellos tenía la condición de investigado. Posteriormente, Benedicto Cacho, responsable de la Policía Local cacereña, sí compareció en el Palacio de Justicia. Lo hizo en abril, y negó haber tenido participación en la hipotética filtración producida.

El caso se encuentra en un periodo de espera, confirman las fuentes judiciales consultadas. Falta todavía una prueba que puede ser determinante. Bien para continuar o para cerrarlo. Se trata del informe policial relativo al contenido del teléfono móvil del primer investigado, un agente local y profesor en una academia.

Ese agente mantuvo una conversación telefónica con el jefe policial, también investigado, pero la versión que dio este último en su declaración fue que solo se habló de cuestiones relacionadas con el servicio de turno. Este policía y profesor ya había declarado en el Juzgado. También negó haber filtrado ningún examen. Matizó que solo se limitó a hacer recomendaciones a los alumnos sobre los asuntos que podían entrar en el examen, algo, dijo, muy habitual.

El caso continúa por ahora sin resolución. Lo que ha hecho la titular del anterior Juzgado de primera instancia e instrucción número 4 (ahora es el 3 de instrucción, para asuntos penales) es «dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que emita informe, y una vez hecho, se acordará lo procedente».

Así se recoge en una providencia de la magistrada, Aida de la Cruz y de la Torre. De esta forma, se da cuenta a la Fiscalía para que determine posibles nuevas pruebas o declaraciones a personas relacionadas con el expediente.

La defensa del jefe de la Policía Local, igualmente, ha enviado un escrito sobre la aportación de documentos a los que se hizo referencia durante su declaración como investigado.

Sin embargo, aún hay una prueba pendiente y que debe concretarse. Es la del informe pericial que tienen que elaborar especialistas de la Policía Nacional en relación al volcado del contenido del teléfono móvil del agente y profesor de academia.

La Fiscalía ha pedido acceso a una pieza separada que está declarada secreta y sobre la que aún no se ha informado. Esa determinación se tomó para garantizar la privacidad del profesional en lo que se refiere a contenidos personales estrictamente privados de su teléfono móvil y que no tienen nada que ver con la denuncia de la filtración.

Consultada sobre los pasos que faltan por dar en la instrucción, la Fiscalía reseña a HOY que primero deben ser informados los propios interesados, ya se trate del archivo de la causa o de una calificación.

A los investigados se les imputa un posible delito de descubrimiento o revelación de secretos por funcionario público.

«Este tipo de cosas, de ser ciertas, no se hacen así. No se llama para pasar el examen cuando el supuesto cómplice está en clase. Parece de Mortadelo», ha defendido Emilio Cortés. El abogado del jefe de la Policía Local le acompañó el día de su comparecencia. El responsable policial se ha mostrado muy tranquilo en todo momento sobre este asunto. Benedicto Cacho ha participado en tribunales de numerosas pruebas selectivas. Nunca había respondido por ninguna denuncia, reconoce. Su letrado ha explicado que una conversación entre Cacho y el otro investigado es algo normal entre un jefe y un subordinado ya que el día que se produjo había operativos de servicio y debían coordinarse. Se han dado detalles de esa conversación. El agente llama al jefe por una actuación de la Guardia Civil en la que estaba implicada una embarazada que podía transportar droga.

A partir de aquí, en función de la respuesta de la Fiscalía y el informe sobre el contenido de la memoria del teléfono móvil la jueza decidirá si se archiva el caso o se abre juicio oral.