«Estaban esclavizados, cada 15 días les tiraban la comida desde una furgoneta»

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura ha decretado recientemente su expulsión de España en sentencias individuales, pero se desconoce su paradero. «Seguramente se ordene su busca y captura, porque no se sabe dónde están», afirma la abogada que les atendió.

Los nueve albaneses, de edades entre 30 y 50 años, fueron encontrados en la que en agosto de 2019 fue considerada la mayor plantación de marihuana de Extremadura. Eran cinco hectáreas, el equivalente a siete campos de fútbol, ubicadas en una zona abrupta, de difícil acceso, en el término municipal de Alcuéscar. La finca estaba vallada y la Guardia Civil de Cáceres, agentes del Grupo Roca, se encontró con esta plantación haciendo labores para evitar el robo de corcho.

Cuando, con la debida orden judicial de entrada y registro, alrededor de treinta guardias civiles entraron en la finca, vieron una plantación de marihuana con un sofisticado sistema de riego, en la que cada planta tenía su propio goteo que partía de una enorme balsa de agua. Las plantas crecían entre alcornoques. Se llegaron a contabilizar más de 22.000 plantas de cánnabis sativa, y se encontraron 300 kilos de cogollos preparados para ser empaquetados.

Era tal la importancia de la plantación desmantelada, que la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y la entonces comandante jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, María Jesús Pascual Ruiz, ofrecieron una rueda de prensa para informar de la bautizada como 'Operación Centinela Verde'.

En esa rueda de prensa se señaló que se había detenido en el interior de la finca a los nueve albaneses, que estaban de manera ilegal en España. Ante los periodistas se indicó que los nueve extranjeros podían haber sido víctimas de un delito de trata de seres humanos, ya que la Guardia Civil comprobó que no salían de la finca y que habían estado viviendo allí en pésimas condiciones de higiene y salubridad. Junto a los albaneses había sido detenido un vecino de Arroyomolinos (Cáceres), que era quien había alquilado la finca en la que se había hecho la plantación. Se le acusó de tráfico de drogas y de trata de seres humanos.

Cuando los albaneses fueron llevados en calidad de detenidos al Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres, a los funcionarios les llamó la atención cómo estaban los detenidos físicamente, la suciedad que tenían, y que no llevaban dinero. Les atendió, por el turno de oficio, la abogada Ana Iglesias Ávila, que logró que fueran puestos en libertad. Les retiraron los pasaportes y les pusieron la condición de que se presentaran periódicamente en un juzgado, a la espera de que se celebrara un juicio en la Audiencia Provincial de Cáceres.

«No se conocían entre ellos, no eran familia. Habían llegado por avión a Madrid, y tenían los 90 días en los que estaban legalmente en España como si fueran turistas. De Madrid, en varios coches, les trajeron a la finca de Alcuéscar –señala Ana Iglesias–. Ellos pensaban que iban a trabajar en la recogida de la fruta, y resulta que les metieron en una plantación de marihuana. Dormían en tiendas de campaña o a la intemperie, con poca comida y con escasez de agua». La abogada recalca que ellos no podían comunicarse con alguien que les ayudara. «No sabían ni el lugar de España en el que se encontraban, y no sabían hablar español. Me comunicaba en ingles con ellos. Daban bastante pena. Uno de ellos, el más joven, era ingeniero informático».

Ana Iglesias señala que una solución para estas personas, sería que fueran juzgadas en la Audiencia de Cáceres, y que en el tribunal se viera que eran inocentes del delito de tráfico de drogas del que se les acusa, y que se admitiera que habían sido víctimas de un delito de trata de seres humanos, «de esta forma tendrían la residencia legal en España, con todos los permisos».

Ella ha seguido defendiéndolos en los tribunales, pero no los ve ni sabe de ellos desde agosto de 2019, «no se han puesto en contacto conmigo», afirma.