Echan de España a los «esclavos» de plantación de marihuana en Alcuéscar

A los agentes que intervinieron en el registro de la finca, el 28 de agosto de 2019, les llamó la atención cómo se encontraban las personas que estaban trabajando en la plantación. Eran nueve albaneses, de entre 30 y 50 años, que habían llegado de manera ilegal a España. No eran familia entre ellos y estaban en la finca malviviendo en una sutuación de esclavitud. No salían de ese lugar, en donde había unas pésimas condiciones de higiene y salubridad, y dormían en tiendas de campaña o a la intemperie.

Fueron detenidos junto a un vecino de Arroyomolinos que era quien había alquilado la finca.

La investigación de este delito de tráfico de drogas la está realizando el Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres. El vecino de Arroyomolinos está acusado, además de traficar con drogas, de haber cometido un delito de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores, por la forma en la que estaban en la finca los nueve albaneses.

En medio de la instrucción, el pasado 27 de julio de 2021, la Subdelegación del Gobierno en Cáceres ordenó la expulsión de España de los nueve albaneses al no estar legalmente en el país, y al investigarse su relación con un delito relacionado con el tráfico de drogas.

Abogados que les atienden han recurrido la expulsión en los tribunales, al considerar que han sido víctimas de un delito de trata de seres humanos, con lo que tendrían derecho a solicitar residencia temporal y trabajo. Aseguran que los habían tenido esclavizados en la plantación, de la que no podían salir al estar ilegalmente en España.

Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Cáceres le han dado la razón a la Subdelegación de Cáceres. Los letrados de los expulsados recurrieron las sentencias en un tribunal superior, la Sala de lo Contencioso del TSJ (Tribunal Superior de Justicia) de Extremadura, que ahora está avalando de nuevo a la Subdelegación del Gobierno de Cáceres. Cabe aún la posibilidad de recurrir por último al Tribunal Supremo.

La Sala de lo Contencioso del TSJ indica en sus sentencias sobre estas expulsiones que los albaneses coinciden en sus declaraciones en que fueron engañados para venir a España bajo pretexto de que se les iba a ofrecer un trabajo en el sector agrario. También dice que desconocían el tipo de plantación que estaban cultivando, y que cuando se percataron de que podía ser marihuana no tenían medios para poder huir.

Eran obligados bajo intimidación a permanecer en la finca, y lo hacían bajo «unas condiciones lamentables y deplorables, durmiendo a la intemperie, sin posibilidad de moverse por la finca y sin que apenas se les suministrara bebida», circunstancias que pudieron ser corroboradas en sede judicial a través de la indumentaria y el aspecto físico que presentaban los investigados, dándose además la circunstancia de que a los mismos no les fue incautada cantidad dineraria alguna.

La Sala de lo Contencioso indica que desde su detención la investigación penal no ha podido concretar si fueron víctimas o no de un delito de trata de seres humanos.