La Diputación de Cáceres espera invertir unos 40 millones más al poder usar el superávit
El decreto ley aprobado la semana pasada por el Gobierno de España permitirá a la institución provincial liberar más fondos en 2026, hasta ahora muy sujetos a la regla de gasto
C. Mateos
Cáceres
Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:02
Era una reivindicación constante de Miguel Ángel Morales: que las administraciones locales con cuentas saneadas, como es el caso de la Diputación de Cáceres, ... pudieran utilizar una mayor parte de su superávit acumulado para realizar inversiones, algo que en los últimos años estaba muy limitado por las restricciones al gasto impuestas desde el Gobierno de España para garantizar la estabilidad presupuestaria. El real decreto aprobado la pasada semana por el Consejo de Ministros flexibiliza esas condiciones, de manera que el superávit obtenido durante 2024 se podrá destinar a inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027.
En el caso de la Diputación de Cáceres, que en 2024 obtuvo un superávit de más de 53 millones de euros y acumula en el último ejercicio un remanente de tesorería de casi 94 millones, eso supondrá que podrá dedicar a inversiones aproximadamente unos 40 millones más de lo que tenía presupuestado.
La explicación técnica es compleja, pero básicamente se trata de que la regla de gasto se flexibiliza, de manera que las inversiones financiadas con cargo al remanente no computan, o no lo hacen en su totalidad. Eso da a las administraciones sin deuda y con superávit una mayor libertad a la hora de utilizar ese dinero, de la que carecían en los últimos años.
Sin deudas y con mucha liquidez
En el caso la Diputación de Cáceres, libre de deudas y con una liquidez muy elevada, la diferencia es más que notable. La liquidación del presupuesto provincial del año 2024 arrojó un superávit de 53,57 millones de euros, que corresponden a la diferencia ente la totalidad de los ingresos del ejercicio del año pasado en contraprestación de los gastos reales de ese mismo presupuestario.
Además, el remanente de tesorería, que representa el ahorro de la Diputación cacereña de manera acumulada, asciende a 93,77 millones de euros, y los fondos líquidos existentes en cuenta corriente alcanzan casi los 138 millones de euros, según los datos aportados por la institución provincial en el pleno del pasado mes de mayo. Con estas cifras, la estabilidad presupuestaria o capacidad de financiación asciende a 42,97 millones de euros, que es la cantidad que, con la entrada en vigor del nuevo decreto ley se podrá dedicar a inversiones adicionales sin incumplir la regla de gasto.
De hecho, en ese mismo pleno de mayo la Diputación de Cáceres aprobó por unanimidad de PSOE y PP solicitar al Congreso, al Senado y al Gobierno de España poder utilizar el superávit presupuestario. «Consideramos que es justo que las administraciones que cumplen las normas puedan hacer uso de sus ahorros para invertir en mejoras en sus pueblos», señaló entonces portavoz y vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez.
El presidente, Miguel Ángel morales, abundó en esa idea durante la presentación el pasado 10 de noviembre de los presupuestos de 2026, al pedir que cambiara una la normativa que les «constriñe» y no les permite invertir todo lo que les gustaría
Tras la aprobación el pasado martes del nuevo decreto-ley en el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó que esta medida se toma para «facilitar y flexibilizar» las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, así como de las comunidades, y que era un «compromiso» pactado con la formación independentista Junts per Catalunya.
Con este real decreto-ley se pretende favorecer la actividad inversora de las administraciones locales y regionales, aprovechando que la situación financiera de muchos de estos territorios les ha permitido generar superávit y remanentes de tesorería en estos últimos años.
Los proyectos con cargo al remanente deben iniciarse antes del 31 de diciembre de 2026
El decreto ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros permite que los recursos generados en 2024, tanto en el caso de las comunidades autónomas como de las entidades locales, entre ellas las diputaciones, se podrán destinar a las llamadas inversiones financieramente sostenibles en proyectos de interés público, todo ello sin que compute en la regla de gasto de 2025, 2026 y 2027, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Asimismo, en el caso de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente antes del 31 de diciembre de 2026, la parte restante del gasto autorizado se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio siguiente, financiándose con cargo al remanente de tesorería del año inmediatamente anterior, con el límite del importe del superávit de 2024. En todo caso, los proyectos de inversión deberán haberse iniciado antes de 31 de diciembre de 2026. Para poder beneficiarse de esta regla especial del destino del superávit presupuestario, las administraciones territoriales han de cumplir con el período medio de pago a proveedores previsto en la normativa sobre morosidad, que es de 30 días. Estas inversiones se pueden destinar, por parte de las entidades locales, a la prestación de servicios esenciales, como alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos o alumbrado público, mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores, infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social primaria, vivienda, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros ámbitos. Por su parte, las comunidades autónomas podrán realizar inversiones con efectos positivos para el cambio climático, contribución a la mejora de la eficiencia energética, o tratarse de una inversión que permita evitar gastos recurrentes o que implique ahorros en ejercicios futuros, todo ello dentro de los ámbitos de competencia que tienen asumidos.
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