La Diputación de Cáceres cerró 2024 con un superávit de 53,5 millones

El pleno de la Diputación de Cáceres ha dado cuenta en la sesión ordinaria de este miércoles de la liquidación del Presupuesto del año 2024, que arroja un superávit de 53,57 millones de euros, es decir, la diferencia ente la totalidad de los ingresos del ejercicio del año pasado en contraprestación de los gastos de dicho ejercicio presupuestario.

Además, el remanente de tesorería, que representa el ahorro de la Diputación cacereña de manera acumulada asciende a 93,77 millones de euros, y los fondos líquidos existentes en cuenta corriente alcanzan casi los 138 millones de euros, según los datos aportados por la institución provincial. Con estas cifras, la estabilidad presupuestaria o capacidad de financiación asciende a 42,97 millones de euros, de lo que se deduce que la situación económica-financiera de la Diputación de Cáceres «es muy desahogada».

Ante estos números, el pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado por unanimidad de PSOE y PP solicitar al Congreso, Senado y al Gobierno de España «la prórroga inmediata y con carácter urgente», de las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario.

«Consideramos que es justo que las administraciones que cumplen las normas puedan hacer uso de sus ahorros para invertir en mejoras en sus pueblos», ha señalado la portavoz y vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez en la rueda de prensa anterior al pleno, recogida por Europa Press.

El pleno ha aprobado también el expediente de contratación del servicio y explotación de la red de carreteras para las anualidades 2025-2028. El presupuesto base de licitación del contrato se concreta en 19,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 30% con respecto al contrato actualmente vigente, y que finalizará el próximo 1 de noviembre.

El nuevo contrato que saldrá a licitación va a tener una duración de tres años con la posibilidad de prorrogarse por dos más. En el caso de que se prorrogara este tiempo, habría que sumarle 13 millones de euros a los costes iniciales, por lo que el montante sería de 32,5 millones de euros hasta 2030.

Otro de los asuntos aprobados ha sido el referente a las subvenciones nominativas a entidades locales para políticas contra la despoblación. Se trata de un plan dotado con 1,7 millones de euros destinados a 32 localidades para proyectos generadores de empleo o garantizar los servicios esenciales en el ámbito rural de agua potable, deportivos e, incluso, para poder poner al día las piscinas municipales, entre otros temas.