Caso del hermano del presidente del Gobierno

La UCO analiza la cuenta de correo personal de la directora del conservatorio para investigar el puesto de David Sánchez

En un auto firmado por la jueza Beatriz Biedma este miércoles, la instructora accede a la petición de la Guardia Civil, que solicitó este martes poder acceder a una cuenta personal de Yolanda Sánchez.

Los agentes intervinieron y analizaron la cuenta corporativa de la directora cuando se incautaron de otras 14 cuentas de correo electrónico de trabajadores y políticos de la institución provincial. Fue entonces cuando encontraron un vacío en la cuenta del que dejaron constancia en su atestado.

«Del 21 de junio de 17 al 24 de julio de 2017 no aparece ningún correo electrónico. Hecho que no parece responder a un periodo de inactividad de la mencionada cuenta, ya que se han encontrado correos en otras cuentas que reflejan cadenas de mensajes en la que aparece su dirección de correo entre las dos fechas descritas», indicó la UCO en ese atestado de noviembre.

La jueza cuestionó a la directora del conservatorio por ese intervalo sin mensajes en su interrogatorio como testigo. Le preguntó en varias ocasiones si ella había borrado los correos, a lo que contestó que no. «Yo, en esa fecha, usaba el correo corporativo muy poco. Estaba acostumbrada al personal». Aclaró que «no es que no lo usara, sino que lo utilizaba poco».

Biedma le insistió en que si «tenía la plena seguridad» de no haber borrado ella mensajes. A lo que contestó: «No, no. Seguro».

De ahí que entre las última diligencias dictadas en una providencia del 20 de enero, la jueza solicitara a la UCO que intentara de nuevo extraer los correos que pudieran haber llegado o salido de esa cuenta de correo en el mes en que aparece vacío, así como que recuperara «los correos cuya intervención fue acordada judicialmente en el caso de que sea posible».

En respuesta a esa petición, la UCO presentó una solicitud ante la jueza ayer martes para pedir que se le permitiera acceder a las cuentas de correo electrónico personal y, de nuevo, a la corporativa, «y, mediante la utilización de herramientas informáticas forenses, proceder a su análisis».

También solicita que «la autorización de acceso se extienda al contenido de todas las carpetas en las que se halle dividido el almacenamiento de correo incluyendo las carpetas que contengan elementos borrados, si fuese posible su restauración, así como los correos que se encuentren, en su caso, en la carpeta de correos no leídos».

La jueza argumenta en el auto que la propia directora manifestó durante su interrogatorio que «usaba dicha cuenta normalmente para los temas relacionados con su trabajo en el Conservatorio, habiendo expresado claramente su consentimiento para el acceso a los mismos. Con ello quiero decir, que el objeto de la incautación es el mismo (correos relacionados con los hechos objeto de investigación durante un tiempo determinado), lo único que cambia es el 'continente', cuyo acceso al mismo ha sido autorizado por la titular de los derechos que pudieran verse afectados por ese cambio de ubicación. Por lo tanto, el acceso a dicha cuenta solamente afecta a las comunicaciones realizadas como consecuencia del desempeño de su función laboral, durante el periodo temporal ya acordado, y que guarden relación directa con los hechos investigados en el presente procedimiento«.

Además, Biedma recuerda la importancia de los delitos que investiga. «Nos enfrentamos a la investigación de supuestos delitos contra la administración pública como prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias; y la restricción de concretos ámbitos del derecho a la intimidad y protección de datos de carácter personal de la persona investigada –art. 18.1 y 4 de la Constitución- se podrá obtener información trascendental para la finalidad de esclarecimiento de los hechos perseguida con tal restricción, debiendo además tenerse en cuenta que en el presente caso la afectación al «derecho al entorno digital» de los afectados es mínima, pues únicamente afecta a comunicaciones realizadas como consecuencia del desempeño de su función laboral y con respecto a un procedimiento en concreto«.

En tercer lugar, la jueza establece que solo se podrán intervenir aquellos mensajes relacionados con su trabajo. «La autorización de análisis de datos se limitará exclusivamente al examen de aquellos correos electrónicos y mensajes que puedan extraerse de la memoria física o virtual de los dispositivos que pudieran tener una relación directa con los hechos objeto de concreta investigación en la presente causa; y para su plena eficacia, se extenderá al contenido de todas las carpetas en las que se halle dividido el almacenamiento de correo, incluyendo las carpetas que contengan elementos borrados, si fuese posible su restauración, así como los correos que se encuentren, en su caso, en la carpeta de no leídos«.

Por tanto, la jueza autoriza el acceso a las cuentas de correo corporativa y personal, así como levantar actas de las tareas y analizarlas en un informe sobre el contenido de las cartas que encuentren, así como no se incluirán los mensajes de carácter personal.

Del poco uso de este correo dejó constancia la UCO, en su atestado de noviembre. Ahí explicó que le había incautado 127 mensajes de todo el periodo analizado, entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de julio de 2017.

En ese informe indicaron que reenviaba correos a cuentas personales, desde la suya corporativa, a otros trabajadores del conservatorio que también utilizaban otros servidores externos a la institución.