Piden cárcel para la ex directora del Sepad de Badajoz por colarse en la vacunación de covid

Cree la Fiscalía que lo hizo autoincluyéndose en el listado que se realizó en la residencia pública de ancianos de la Granadilla, en Badajoz, consiguiendo de ese modo que le inyectaran una dosis de Pfizer cuando sólo se administraba este medicamento a los ancianos que vivían en este tipo de residencias y al personal que trabajaba en esos centros.

El juicio ha sido señalado para el próximo 22 de febrero. Ese día, Rincón deberá responder de un supuesto delito de falsedad en documento oficial cometido por autoridad o funcionario público y una falta de estafa cometida por autoridad o funcionario público. Para el primer hecho la Fiscalía solicita 3 años y medio de prisión y el pago de una multa de 4.500 euros (15 meses multa a razón de 10 euros diarios), mientras que para el segundo se propone otra multa de 900 euros (tres meses multa).

En el escrito de acusación se explica que la entonces responsable territorial del Sepad en la provincia Badajoz cometió esos delitos cuando el día 4 de enero de 2021, coincidiendo con la administración de las primeras dosis anticovid llegadas a la región, acudió a la residencia de ancianos de la Granadilla de Badajoz para administrarse un tipo de vacuna que sólo estaba siendo administrada a los ancianos que vivían en las residencias de mayores y a los cuidadores, asistentes y resto de personal de esos centro, incluidos sus cargos directivos.

Entiende la Fiscalía que la procesada, pese a saber que no tenía derecho a vacunarse en ese momento por no ser un colectivo prioritario, se sirvió de su cargo para incluirse en el listado de esa residencia, un «ilícito proceder» con el que se antepuso a los ancianos y a los trabajadores de otros centros del Sepad existentes en la provincia a los que todavía no había llegado la vacuna.

El Ministerio Público considera que actuó de ese modo a pesar de que había sido advertida por la directora de Salud Pública del Área de Salud de Badajoz de que no estaba incluida entre los colectivos prioritarios en la vacunación. «No obstante, se incluyó en el listado oficial –su nombre figuraba al final de la lista–, se mezcló entre el personal y consiguió ser vacunada induciendo a error a las enfermeras».

Justo el día en el que Monserrat Rincón se vacunó, la Junta de Extremadura dio a conocer que hasta ese momento se habían recibido en la región 21.725 dosis de la vacuna de Pfizer contra la covid-19. Pero aunque esa era la cantidad, el 4 de enero apenas habían sido administradas el 9% de las dosis: 1.888 vacunas que habían sido inyectadas los días 17 y 30 de diciembre y el 4 de enero. Precisamente ese día, el 4 de enero, fueron administradas 1.135 dosis y una de ellas fue la que se inyectó a Monserrat Rincón.

Debido a la escasez, el protocolo limitaba la vacuna a los centros de mayores, tanto a los residentes como a los trabajadores.

En la provincia de Badajoz se había completado la vacunación en las residencias Rosalba y El Prado (190 vacunas en total). En Badajoz se había terminado de hacerlo en la residencia Virgen de la Soledad y se había comenzado en la residencia de La Granadilla (220 vacunas entre ambos centros).

Ese 4 de enero murieron 5 personas por covid en la región y la cifra acumulada de fallecidos por esta enfermedad ya ascendía a 1.084. En los hospitales había 304 ingresados, 28 de ellos en UCI, y solo en esa jornada se contabilizaron 569 casos nuevos.

En los diez meses que habían transcurrido desde que que se declaró la emergencia sanitaria los laboratorios habían trabajado contrarreloj para desarrollar una vacuna que comenzó a llegar a la región, casi con cuentagotas, en los últimos días de diciembre de 2020. Debido a la escasez, las autoridades sanitarias decidieron que sólo fuese administrada al colectivo más vulnerable, compuesto por personas de edad que vivían en residencias y los trabajadores de estos centros.

Ese era el contexto cuando trascendió que a la responsable de las residencias en la provincia de Badajoz le habían administrado la vacuna. La noticia causó un gran revuelo político y nueve días después Monserrat Rincón, que ocupaba un cargo de libre designación, presentó su dimisión.