Las denuncias a otros cuatro políticos extremeños por no respetar el orden de vacunación fueron archivadas

Una de esas denuncias fue presentada por la líder de Unidas Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, quien consideró que había existido «una evidente vulneración del protocolo de vacunación en varios casos».

Cuatro meses más tarde, la Fiscalía confirmó que había denunciado ante los tribunales a los alcaldes de Valverde del Fresno, Amalio Robledo, y de Higuera la Real, María Triviño, así como al concejal de Olivenza Ramón Jiménez, todos ellos políticos socialistas.

Apenas quince días después, trascendió que el juzgado de Olivenza había archivado la denuncia contra el concejal de esta localidad tras comprobar que el edil, además de concejal, era el director de la residencia municipal de mayores Virgen de Guadalupe, razón por la que sí tenía derecho a que le fuese administrada la vacuna.

El mismo argumento se utilizó para archiva la causa contra María Triviño. El Juzgado de Instrucción número 1 de Castuera indicó que la alcaldesa se vacunó en calidad de directora de la residencia mixta de mayores, «a la que acudía diariamente a desempeñar sus funciones y donde mantenía contacto directo con empleados y usuarios».

Y ocurrió lo mismo con el alcalde de Valverde del Fresno, en este caso tras la instrucción realizada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coria. También fue vacunado en su condición de director de la residencia de ancianos.

Una situación similar se vivió con Soraya Cobos, concejala del PSOE en Plasencia y directora del centro sociosanitario de esta ciudad. Ella fue vacunada en la residencia de mayores de Valdeobispo y aunque recibió la primera dosis antes de lo que le correspondía, no cometió delito alguno porque había sobrado una dosis por la renuncia de una persona y porque otro trabajador de la residencia de la localidad rechazó ponérsela.

De la importancia que tuvieron las denuncias y el posterior archivo de esas cuatro causas habla la polémica política que se produjo a finales de enero de 2021 cuando el PP denunció que la Junta de Extremadura, gobernada entonces por el PSOE, había modificado el protocolo de vacunación para dar un respaldo legal a la «vacunación irregular» de algunos cargos políticos.

A esa denuncia respondieron tanto el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, como el consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien pidió responsabilidad con una frase que quedará para la historia. «No quitemos la esperanza de la vacuna a la sociedad por tres garbanzos negros».

Tres años después, tan sólo sigue viva una causa: la de Monserrat Rincón, que el próximo mes de febrero tendrá que sentarse en el banquillo.