Unos pacenses denuncian a una promotora por vender la casa que tenían reservada

En marzo de 2021 los demandantes firmaron un contrato de reserva y abonaron 3.000 euros como parte del precio de la compraventa pactada. Eligieron un piso sobre plano de una promoción de la que ya habían comenzado las obras. La empresa tenía 12 meses para formalizar el contrato de compraventa con ellos.

Según los demandantes, cuando se acercaba la fecha en la que debían firmar el contrato definitivo de compraventa, y ante la falta de noticias, comenzaron a escribir emails a esta entidad y a la inmobiliaria que hizo de intermediaria. Exigían formalizar este documento, pero no obtuvieron respuesta. Finalmente, dos semanas antes de que terminase el plazo, recibieron un burofax en el que les informaron de que se variaba el precio convenido. Subía en 17.000 euros.

No lo aceptaron y acudieron a los tribunales. Presentaron una primera demanda en 2022 ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Badajoz con la representación del bufete Cumbres Abogados. La justicia les dio la razón y condenó a la promotora a cumplir el contrato de reserva de 2021, es decir, a venderles el piso por el precio inicial, sin la subida de precio. Los demandantes alegan que los representantes de la promotora fueron informados de la decisión judicial. Sin embargo en su querella aseguran que la empresa no tenía intención de respetar el fallo judicial.

La constructora recurrió el fallo en favor de la pareja del Juzgado de Primera Instancia número 5 ante la Audiencia Provincial de Badajoz que tardó año y medio en reunirse para decidir sobre la apelación. El día que esta sala se reunió, el 10 de diciembre de 2024, fue cuando se llevó a cabo la venta del piso.

La querella de los afectados denuncia que la empresa vendió la casa sin esperar la decisión judicial que, una vez más, les dio la razón.

Afirman que la promotora volvió a poner la vivienda en el mercado y la vendieron por 24.000 euros más que el precio inicial. Asimismo su querella destaca que no informaron a los tribunales de la enajenación del inmueble. «Actitud que no tiene otro sentido que dilatar aún más el procedimiento judicial, redundar e incrementar el esfuerzo económico de mis patrocinados e incluso ganar tiempo suficiente que les permita vender la totalidad de la promoción, liquidar la sociedad y evitar así el pago de cantidad alguna en concepto tanto de costas como la eventual indemnización (a los afectados)», denuncia el letrado en la demanda.

Los afectados, de hecho, se enteraron de la venta de la que consideraban su casa porque fueron a un banco para pedir financiación y cerrar la hipoteca, ya que los juzgados les habían dado la razón. Al tramitar la financiación supieron que su piso ya se había vendido.

Además denuncian que la constructora ha recurrido el fallo de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Supremo, pero no ha informado de que la sentencia ya no es aplicable, ya que el piso es de otros.

Ante esta situación la pareja ha vuelto a acudir a los tribunales. Demanda de nuevo a la promotora, en este caso por los delitos de estafa procesal, estafa por doble venta y alzamiento de bienes.

En concreto la querella afirman que se trata de un delito procesal porque se ocultó al tribunal «un hecho determinante, que el inmueble ya no se encontraba disponible, pues había sido vendido a terceros para eludir el cumplimiento de la sentencia».

Añaden que se trata de una estafa por doble venta porque consideran válida la reserva de 2021, tal y como señaló la sentencia judicial. De hecho alegan que la empresa en ningún momento ha devuelto los 3.000 euros de reserva a los responsables de la misma. En cuanto al alzamiento de bienes argumentan que la empresa trata de «eludir el cumplimiento de sus responsabilidades civiles».

Ante esto los demandantes piden al tribunal que solicite una serie de diligencias. Por ejemplo, tomar declaración a los querellados y a los representantes de la promotora, también solicitar la documentación en la que se pueda comprobar la venta del citado piso.

Como medida cautelar, además, solicitan que se embargue de forma preventiva bienes de los demandados por un valor no inferior a los 130.000 euros más intereses y costas o, de forma alternativa un aval bancario por una cantidad similar. Pretenden garantizar el pago de la posible indemnización a los afectados en el futuro.

Por último en la demanda piden al tribunal que se prohíba a la constructora la liquidación, disolución o transmisión global o parcial de sus activos sin previa autorización judicial.