Juzgan a un promotor por no entregar en Zafra dos pisos que cobró por adelantado

Ese juicio completa un procedimiento en el que ya se celebró un juicio anterior en el que fueron absueltas las otras tres personas que habían sido acusadas por estos mismos hechos.

Esos tres procesados eran dos vecinos de Fuente de Cantos y uno de Sabadell (Barcelona) dedicados a la promoción y construcción de viviendas que habían sido acusados de esa presunta estafa por la que dos particulares entregaron cantidades próximas a los 90.000 euros.

Los dos pisos que iban a comprar formaban parte de un edificio promovido en la avenida de la Fuente, de Zafra, por la mercantil catalana 'Canamar Tarraco SL', que encargó la construcción a la empresa 'Vultimaco SL', con sede en Fuente de Cantos.

Los dos vecinos de Fuente de Cantos eran los administradores solidarios de la constructora contratada para hacer esas viviendas, pero la promotora acumuló con ellos una deuda de 214.708 euros, razón por la que los constructores se quedaron con el edificio como dación en pago.

Después concluyeron la obra y entregaron varios pisos a compradores que habían adelantado a Canamar el 20% del importe, razón por la que les cobraron el 80% restante.

Pero a los dos particulares que habían pagado por adelantado a la promotora la totalidad del importe a cambio de una rebaja del 30% no les entregaron los pisos, razón por la que ambos denunciaron una supuesta estafa.

En el juicio debían sentarse los dos constructores de Fuente de Cantos y los dos socios de la promotora catalana, pero uno de los promotores permanecía en paradero desconocido en 2020 por lo que solo fueron juzgados tres de los cuatro procesados.

La sentencia confirmó que la promotora catalana había incumplido el contrato y no descartó que también pudiese ser responsable la constructora de Fuente de Cantos, pero rechazó que esos hechos tuviesen repercusión penal y determinó que el litigio económico debía ser visto en un juzgado civil, donde no se imponen penas de prisión.

Cuatro años después de ser dictada aquella sentencia, ahora ha sido juzgado el segundo socio de la promotora, también vecino de Sabadell (Barcelona).

La Fiscalía lo acusa de sendos delitos de estafa para los que pide un total de seis años de prisión, mientras que la acusación particular es representada por el abogado Alejandro Ortiz, que también pide que sea condenado.

Ambos tenían intención de interrogarlo, pero el procesado solo respondió al abogado de la defensa, Jordi Carrasco, quien considera que los hechos que ahora se juzgan están prescritos, razón por la que solicita una sentencia absolutoria.