El herido en Suerte de Saavedra recibió cuatro impactos de bala en su cuerpo

Ese juicio comenzó el miércoles pero fue este jueves cuando los forenses que estudiaron a la víctima ofrecieron sus conclusiones. «Si no le hubiesen practicado una intervención urgente en el hospital, habría muerto».

Explicaron los especialistas que las lesiones que presentaba en el bazo, el riñón y la aorta le hicieron perder abundante sangre, hasta el punto de requerir cuatro intervenciones quirúrgicas para su curación. La primera, el día 4 de octubre, poco después de recibir los disparos. Ese día tuvieron que extraerle el bazo, un riñón y «se le reparó la aorta».

La segunda, el 1 de noviembre, a causa de una infección que volvió a poner en riesgo su salud; la tercera el 4 de noviembre, cuando le realizaron una traqueotomía. Y la cuarta el 4 de diciembre para retirarle la traqueotomía.

Esos detalles fueron ofrecidos por los forenses en la sala de vistas de la Audiencia de Badajoz, donde se había explicado un día antes que la víctima fue interrogada por primera vez el 11 de octubre de 2019, apenas una semana después del tiroteo. Ese día dijo a los agentes que no sabía quién le había disparado.

Para saber qué validez puede tener esa primera declaración los forenses fueron preguntados por la situación en la que se encontraba el paciente ese 11 de octubre. «Me imagino que estable, pero muy flojo», dijo una de las forenses. En todo caso, esta especialista no pudo dar una respuesta precisa porque esa contestación sólo habrían podido ofrecerla con total precisión los doctores que lo atendieron en el hospital.

Con esa pregunta casi se terminó con la práctica de pruebas y a partir de ese momento se dedicaron unos minutos a escuchar algunas grabaciones que las partes consideran relevantes. Una contenía la llamada telefónica que realizó una mujer para contar a la policía que los autores del delito habían sido Jesús S.R.L. y y su cuñado (el hombre asesinado en la gasolinera Vaquerizo). En esa comunicación la mujer se confesaba asustada pero el agente la tranquilizó diciendo que lo que estaba contando sería confidencial. Cinco años después, esa llamada fue reproducida en presencia de los dos acusados que se sientan en el banquillo.

Concluida esa fase del juicio, fueron elevadas a definitivas las calificaciones de las acusaciones y de la defensa.

El Ministerio Fiscal mantuvo la acusación contra Jesús S.R.L. y contra Juan P.R.R., que es su primo. Y no solo la mantuvo sino que la amplió tras considerar que los hechos que están siendo juzgados constituyen un intento de asesinato que sólo se frustró porque la víctima recibió atención médica de forma casi inmediata.

Con este argumento calificó los hechos como un delito de tentativa de asesinato para el que pide 14 años de prisión –inicialmente solicitó 10 años de cárcel por tentativa de homicidio– tras suprimir la agravante de abuso de superioridad.

«Cristóbal está vivo casi de milagro», insistió el fiscal después de explicar que era más preciso hablar de asesinato intentado porque los autores actuaron con alevosía al perpetrar los hechos de forma sorpresiva y después de asegurarse de que la víctima no tendría la oportunidad de defenderse.

La postura de la Fiscalía fue secundada por el abogado de la acusación particular, José María Pedregal, quien elevó la petición de pena a 15 años de prisión por la tentativa de asesinato y pidió otra pena por tenencia ilícita de armas: dos años de cárcel para el acusado de disparar con un arma corta y uno para el acusado de utilizar una escopeta.

«Este hecho que hoy se juzga puso de relieve la situación de pánico que viven los vecinos de esa zona», dijo este letrado para justificar la escasez de testimonios incriminatorios y las contradicciones que existen en algunas de las declaraciones recogidas por la policía.

Frente a la unanimidad de las acusaciones se situaron los abogados de las defensas, José Duarte y Aurelia del Viejo. Ambos piden la absolución de los acusados por falta de pruebas.

Duarte insistió en que no existen pruebas directas y recordó que en los nueve registros que se practicaron durante las detenciones de los procesados no se halló ningún indicio contra ellos.