La exalcaldesa de Jerez recurre su procesamiento por fraccionar contratos

Como adelantó HOY la pasada semana, este juzgado deja a la exalcaldesa socialista a un paso del banquillo acusada de un presunto delito de prevaricación administrativa por fraccionar contratos en los años 2018 y 2019. La instructora entiende que pudo cometer prevaricación administrativa y decidió que la tramitación de las diligencias previas debe continuar. El denunciante es Carlos Boza Antón, que era en ese momento portavoz de Ciudadanos en el Consistorio y que tuvo que salir del Gobierno por una moción de censura que hizo alcaldesa a Borrallo con el apoyo de una concejala tránsfuga del PP.

La jueza Ana María González Olalla dictó el jueves día 12 un auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado. Este miércoles, la defensa de la exalcaldesa ha presentado el recurso contra esa decisión.

En primer lugar, argumenta la nulidad de todas las declaraciones de testigos e incluso de la propia investigada. El motivo es que la apertura de diligencias tuvo lugar en diciembre de 2022, por lo que el año que marca el fin de la investigación se cumplió en diciembre de 2023. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el juzgado no solicitó una prórroga de la instrucción, las tomas de declaración tuvieron lugar en 2024. Eso hace aducir a la defensa que todas las tomas de declaración son nulas y que procede el sobreseimiento y archivo de las actuaciones.

De todas formas, el recurso incide en que de las declaraciones se deduce «la inexistencia de indicio de conducta penalmente relevante» por parte de la exalcaldesa.

Por otro lado, e incluso en el caso de que las diligencias fueran válidas, «no concurren indicios de criminalidad» porque las actuaciones de la alcaldesa venían avaladas por los informes de la Secretaría General y la Intervención.

La defensa subraya que fueron seis las empresas adjudicatarias de los distintos contratos y que Borrallo no tenía relación con ninguna. Asimismo, las fuentes de financiación de cada obra eran distintas, por lo que debían realizarse contratos distintos.

En cambio, la jueza de Jerez de los Caballeros considera que «existen indicios suficientes contra la investigada» cuando en su condición de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros se licitó la contratación de tres obras de cubrición de pistas en los polideportivos de las tres pedanías: Valuengo, La Bazana y Brovales entre 2018 y 2019.

A pesar de que «los tres proyectos son idénticos, se fraccionaron las tres obras de construcción en trece contratos diferentes, de los cuales diez recibieron la calificación de contratos menores», indica la jueza. Al ser contratos inferiores a 40.000 euros no quedaban sujetos a los requisitos de publicidad y adjudicación.

En Valuengo la obra se presupuestó en 118.466,94 euros y se realizaron cuatro contratos menores. El primero en favor de Famparc por 25.000 euros el 6 de junio de 2018; el segundo con Parceleco por valor de 25.000 euros el 18 de octubre de 2018; el tercero a la misma empresa y el mismo día por 22.400 euros, y el cuarto con Hierro y Aceros Macarro por 25.000 euros.

Para cubrir la pista deportiva de Brovales se realizaron otros tres contratos menores. El primero a favor de Grúas Bancalero por 18.345 euros el 11 de octubre de 2018; el segundo con la misma empresa y el mismo día por 25.000 euros y el tercero a favor de Luis Gómez Baena e Hijos por 17.703 en febrero de 2019.

Con respecto a la pedanía de La Bazana se realizaron otros tres contratos menores y los tres con la misma empresa: Flores Carrasco Servicio y Obras. Dos de ellos firmados el 11 de octubre y un tercero en febrero de 2019.

La jueza indica que «no se acredita por la naturaleza u objeto del contrato que fuera necesario la realización independiente de cada una de las partidas del contrato por división en lotes, de manera que el contrato del sector público firmado pasare a ser una pluralidad de contratos menores con cuantía inferior a 40.000 euros que de este modo no quedaba sujeto a los requisitos de publicidad y adjudicación que se requiere para contratos de cuantía superior, dado que cada una de las tres obras constituía una unidad funcional».

La jueza entiende que existen indicios de prevaricación administrativa y decide que se continúe la tramitación de las diligencias previas por los trámites de procedimiento abreviado por si los hechos investigados a Borrallo fueren constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa.

La exalcaldesa socialista Virgina Borrallo trabaja actualmente en la Diputación de Badajoz como asesora, una institución en la que ha llegado a ser vicepresidenta primera. Decidió no presentarse a las últimas elecciones en su municipio, por lo que ya no es concejala y, por tanto, no puede ser diputada provincial.

Es, además, uno de los cuatro socialistas que declinaron la posibilidad de tomar posesión del escaño en la Asamblea recientemente para que el ya expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se convirtiera en diputado regional y, con ello, en aforado en la investigación por el contrato al hermano del presidente del Gobierno en la institución provincial.