17 escalones impiden a Antonio salir a la calle

Por aquel entonces las escaleras que separan su vivienda de la calle no eran un impdimento para este hombre de 77 años que volvió a su casa el 4 de junio tras pasar varios meses en el hospital y haciendo rehabilitación en la Casa Verde. «Nosotros nos reunimos con los vecinos poco después de que a mi padre le diese el ictus para plantearles la situación y contarles de la necesidad de instalar una plataforma elevadora en las escaleras. La mayoría estaban de acuerdo y en marzo se firmó el préstamo para costear la plataforma», contaba nerviosa su hija, Mónica Rodríguez.

Con los papeles en regla y varios pagos ya realizados, la empresa les comunicó que instalarían la plataforma entre el 10 y el 15 de junio. Con estas fechas la familia insistió para que estuviera colocada cuando Antonio volviese de hospital, y cuentan que le empresa les aseguró que así sería. «Llegamos y tuvimos que subir a mi padre a pulso por la escalera en la silla de ruedas entre cuatro personas porque no hay otra manera de entrar en casa», destaca.

Ante esta situación Schindler, que es la empresa a la que le han encargado el montanje, les dio una nueva fecha el 27 de junio, que tampoco se cumplió. Tras numerosas reclamaciones por parte de la familia y del administrador de fincas la empresa les envió un correo electrónico informándoles que no podrían instalar la plataforma elevadora hasta el 19 de septiembre porque no les ha llegado el material.

«No podemos permitir que mi marido esté sin salir de casa tres meses. Nos sentimos encerrados y necesitamos que una empresa nos haga la instalación cuanto antes o que nos den otra alternativa porque ya lleva un mes sin salir y le esta afectando al estado de ánimo porque le gusta salir y ver a la gente aunque sea en silla de ruedas», afirma su mujer Ángela Mirallos.

Esta situación le impide acudir a la rehabilitación que tiene que continuar dos días a la semana. «Tiene que venir la fisio a hacerle los ejercicios en casa porque él tendría que ir al centro a hacerlos, pero yo no puedo bajarlo sola, y mis hijos tienen sus trabajos», cuenta desesperada su mujer que sin el salvaescaleras tendrá que llamar a los voluntarios de Cruz Roja para que le ayuden a bajar a Antonio cuando tenga su próxima cita médica.

«He hablado con Cruz Roja y nos han dicho que ellos nos pueden ayudar a sacarlo de casa en momentos punturales, pero no puede ser un diario», asegura Rodríguez.

El ictus que Antonio sufrió en diciembre le ha dejado completamente dependiente, apenas habla, tiene inmovil toda la parte derecha y necesita que le den de comer. Una situación complicada que se dificulta aún más por la mala accesibilidad de la vivienda.

Ángela ha tenido que adaptar su casa porque las habitaciones están en la planta de arriba. El salón ahora lo ocupan la grúa con la que su hija y su mujer lo mueven de la cama a la silla de ruedas, dos camas, la ortopédica de Antonio, y otra que ha colocado Ángela a su lado para no dejarlo solo.

El miedo de la familia de Antonio es que la empresa tampoco cumpla con el plazo que le han dado en septiembre, por eso piden una solución inmediata. «Ahora tenemos más problemas porque hemos pagado cuatro cuotas del salvaescaleras. Nosotros ya no confiamos en la empresa que hemos contratado y queremos contratar otra pero el administrador nos dice que cambiar de compañía nos puede traer problemas con la financiera del préstamo», cuenta su hija desesperada porque aunque han pagado cuatro mensualidades de 16 euros cada una, para costear los 30.000 euros que vale la plataforma su padre continúa sin poder salir de casa.

Para conocer los motivos del retraso HOY ha contactado con la empresa encargada de la instalación sin obtener respuesta alguna.

Respecto a esta situación el presidente de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), Jesús Gumiel asegura que es importante que las comunidades de vecinos contacten con esta oficina antes de formalizar los contratos de instalación. «Nosotros cada vez que nos llega un caso de mejora de accesibilidad hacemos un estudio de la idoneidad de la propuesta y nos encargamos de que el contrato contenga una cláusula de penalización por incumplimiento de contrato», asegura Gumiel.

En este sentido destaca que en la plataforma elevadora la empresa lo que hace es tomar medidas del lugar en el que se hará la instalación para que le suministren los materiales. «Si a nosotros nos llega el caso esto no llega a suceder porque nosotros mediamos, vemos el contrato, hay que atar mucho y la clave está en la clausula de penalización de contrato. »Es muy grave lo que ha pasado porque hablamos de una persona a la que no poder salir le está provocando agravios en cuanto a tratamiento«, destaca.

Gumiel explica que otros de los problemas que tienen los vecinos es que han empezado a pagar, algo que no es obligatorio porque existe una claúsula que indica que se puede empezar a pagar cuando comience la instalación, o que en caso de demora los importes satisfechos se tendrán que devolver de forma automática para que la comunidad pueda buscar a otra empreesa y manejar los plazos.

En cuanto a las características del contrato y posibles soluciones para la familia de Antonio, HOY ha intentado contactar con el administrador de la comunidad sin obtener respuesta.