El empresario Rafael Álvarez-Buiza entra en prisión por falsificar un contrato

Esa condena, que ya es firme, fue impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz a un empresario que desde hace décadas ha ocupado un papel protagonista en la economía local.

Accionista de Tele 5, promotor inmobiliario e impulsor de la Clínica Extremeña de Salud, ha sido un contrato relacionado con este proyecto sanitario el que lo ha enviado a prisión.

En la sentencia que se dictó en enero del año pasado se explicaba que ese procedimiento judicial se puso en marcha cuando la entidad CES Asistencia Sanitaria S.L. (antes Clínica Extremeña de Salud) reclamó judicialmente el pago de 421.873 euros a Cekinesia, la clínica de Julio Carmona dedicada a la fisioterapia y la rehabilitación que tenía sus consultas en la Clínica Extremeña de Salud, un centro médico que está ubicado en la avenida Federico Mayor Zaragoza de Badajoz (prolongación del Puente Real en dirección a El Nevero).

Para reclamar ese pago fue presentado un contrato en el que aparecía como arrendadora Inmaculada Sánchez Polo, la esposa de Julio Carmona, un prestigioso fisioterapeuta que cuando se celebró el juicio ya había fallecido.

En esa vista quedó probado que Rafael Álvarez-Buiza, «tras efectuar directamente o con la intervención de un tercero» la falsificación de la firma de Sánchez Polo, aportó el documento al administrador concursal para que le reclamara esa cantidad.

Por estos hechos fue encontrado culpable de un delito de falsedad en documento privado en concurso con un delito de estafa procesal en grado de tentativa, una sentencia que fue confirmada en instancias superiores, tal y como solicitó José María Reynolds, el abogado que llevó la acusación particular.

Esa condena es la que ha llevado a prisión a Rafael Álvarez-Buiza, que el 29 de marzo de 2022 ya había sido condenado por el Juzgado de lo Penal 1 de Badajoz por apropiarse del dinero que fue detraído de la nómina de Inmaculada Sánchez Polo cuando trabajaba en CES Asistencia Sanitaria para hacer frente a una deuda que había contraído esta mujer con Banco Santander.

En esa primera sentencia quedó probado que entre septiembre de 2014 y julio de 2016 Rafael Álvarez-Buiza, como administrador único de la clínica, incorporó a su patrimonio 6.809,64 euros que habían sido detraídos de la nómina de esa trabajadora para ser ingresados en el juzgado.

Esa primera condena le imponía 18 meses de prisión, pero no entró en la cárcel porque carecía de antecedentes penales y se comprometió a ingresar 200 euros mensuales hasta abonar los 6.809 euros.

Estos dos procedimientos judiciales no son los únicos que ha tenido que afrontar el empresario durante las tres últimas décadas, si bien en los anteriores fue absuelto o se archivaron las acusaciones al no encontrarse indicios de criminalidad.

El primero que tuvo relevancia fue el que se abrió cuando era accionista de la cadena de televisión privada Tele 5.

Corría el año 1998 cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que dictase un auto de prisión contra el presidente de la ONCE, Miguel Durán, y varios exaccionistas de Tele 5, entre ellos Alvarez-Buiza y el también empresario pacense Ángel Medrano, dueños ambos de Promociones Calle Mayor y promotores de la urbanización Golf del Guadiana. Se les acusaba de falsedad en la venta de las acciones de la cadena de televisión, pero en el juicio que se celebró hubo una sentencia absolutoria para todos los procesados. Eso sucedió en junio de 2008.

En esos años se judicializó también lo que se conoció como el caso Canal de Badajoz, un presunto delito urbanístico del que fueron acusados Rafael Álvarez Buiza, Ángel Medrano y dos funcionarios del Ayuntamiento de Badajoz.

La Fiscalía Anticorrupción consideraba que la urbanización Jardines del Guadiana había ocupado un tramo del Canal de Badajoz que era propiedad del Ayuntamiento sin contraprestación alguna, dando lugar a un enriquecimiento ilícito. Igualmente ponía en duda la permuta del terreno conocido como 'Los Lavaderos' entre Jardines del Guadiana y el Ayuntamiento de Badajoz, intercambio que habría beneficiado a la empresa privada porque los técnicos municipales valoraron ese terreno a un precio inferior al de mercado.

La instrucción duró varios años pero finalmente las acusaciones fueron archivadas en 2010 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz y más tarde por la Audiencia Provincial.

Dos años después fue inaugurada la Clínica Extremeña de Salud, un ambicioso proyecto sanitario en el que Rafael Álvarez-Buiza consiguió el respaldo de importantes empresarios locales para poner en marcha un hospital con tecnología puntera que no consiguió los resultados esperados por la dificultad que tuvo para concertar sus servicios con las aseguradoras sanitarias.

La segunda fase del hospital se paralizó y se declaró el concurso de acreedores, un complicado proceso en el que Rafael Álvarez-Buiza presentó al administrador concursal el contrato con la firma falsificada que ha terminado provocando su ingreso en prisión.