Manos Limpias pide la geolocalización del móvil del hermano de Pedro Sánchez desde 2017

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz emitió una providencia el pasado día 20 en el que pedía más testificales y medidas, así como daba cinco días a las partes para que solicitaran las diligencias que estimen oportunas.

Las acusaciones, agrupadas en Manos Limpias, presentaron una batería de peticiones. Entre ellas, que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil recurra al móvil del hermano del presidente del Gobierno para identificar y registrar su ubicación desde que se creó la plaza. Esta se decidió antes de terminar 2016, durante la presentación de los presupuestos de 2017, que entraron en vigor ese año y que contenían ese puesto de trabajo que se convocó en mayo de hace siete años.

Manos Limpias fue la primera organización en denunciar, pero posteriormente se fueron sumando otras como Liberum, Hazte Oír, Abogados Cristianos e Iustitia Europa, a las que siguieron Vox y el PP.

El escrito presentado por Manos Limpias agrupa las peticiones de todas. Entre ellas, que la jueza llame como testigos a los diez aspirantes que se quedaron sin el contrato de alta dirección que ofreció la Diputación de Badajoz. Son Cristina Inmaculada De Frutos, Antonio Lájara, Juan José Leyva, Miguel Morán, Roberto Pálmer, Santiago Pavón, Salvador Rojo, Celia Sánchez del Río y Juan Bautista Tortosa. A estos se une Nerses Avakimyán, al que la jueza ya ha citado el 7 de febrero como testigo.

Las acusaciones recuerdan que dos de estos músicos han realizado declaraciones en un medio de comunicación en el que afirman que «todo el mundo sabía que había ese enchufe», según el escrito que han presentado en el juzgado.

Además, las acusaciones piden la comparecencia como testigos de trabajadores de la Diputación. Entre ellos, la de Martín Serván, que fue concejal del PSOE en la ciudad de Badajoz y que ocupa desde 2024 el nuevo puesto de coordinación y gestión administrativa de los conservatorios. También a Fátima del Pozo, que es técnico de Gestión Administrativa de Presidencia y Relaciones Institucionales y a Francisco Serrano. Este ya está jubilado, pero es el representante sindical de Csif que mostró sus dudas sobre la creación de la plaza de coordinador de conservatorios en una mesa de negociación en 2016.

Igualmente, las organizaciones piden que comparezca Álvaro Jaén, secretario general de Podemos en 2017, que fue el primero en denunciar un presunto «enchufe» al hermano del presidente en la Diputación de Badajoz.

También reclaman que la Diputación «identifique a la persona o personas que realizó las labores de secretaría de Miguel Ángel Gallardo desde septiembre de 2016 hasta la actualidad con objeto de ser citado en calidad de testigo para informar sobre las posibles interaccione y relaciones entre el mismo y el investigado David Sánchez«.

La jueza ya ha ordenado algunas de las medidas que le piden las acusaciones, como requerir a la Diputación para que envíe el expediente de la creación de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, un puesto que desempeña desde 2023 Luis Carrero. Pero añade ahora la documentación de la creación del puesto que ocupa Martín Serván, la coordinación administrativa de los conservatorios en 2024.

Como es sabido, el puesto de coordinador de conservatorios cambió a director de la oficina de Artes Escénicas en 2022. La jueza ha pedido insistentemente por las funciones de esta oficina en sus interrogatorios. Ahora, las acusaciones piden que ordene a la Diputación que les entregue la dotación presupuestaria anual de este servicio desde su creación.

También reclaman que la institución provincial presente las dietas, kilometraje, gastos de viaje, alojamiento, representación y manutención del músico David Sánchez. Igualmente, los comprobantes «del pago de línea de internet para el uso de David Sánchez, indicando los números de teléfono oficiales de los que disponía».

Además, reclaman las actas de preguntas realizadas en la entrevista personal en 2017 a los once candidatos al puesto, así como de las valoraciones de las mismas. Y las actas de las reuniones del gobierno provincial en Valdivia en 2016 donde se decidió crear el puesto de trabajo de alta dirección (que no funcionario) que terminó ocupando el hermano del presidente del Gobierno meses después.

Las acusaciones solicitan los informes presentados por David Sánchez con las funciones cumplidas y montajes organizados desde que comenzó a trabajar en la institución.

Para demostrar que Pedro Sánchez era en 2016 y 2017 una persona relevante en el PSOE, dado que fue de manera intermitente su secretario general, los abogados reclaman a la jueza que ordene al partido socialista que le envíe certificados relativos a las fechas en las que fue nombrado secretario general y de las primarias celebradas en 2017.