Los abogados del clan familiar de Badajoz acusado de narcotráfico negocian una rebaja de penas

Ese preacuerdo ha evitado que los 30 imputados por esta causa hayan tenido que entrar en la sala de vistas este martes. El lunes sí estuvieron presentes para escuchar los planteamientos de las partes en el turno de cuestiones previas, y mañana miércoles volverán a sentarse en el banquillo para ratificar o rechazar, uno a uno, el acuerdo negociado por sus defensas y la acusación.

José Duarte, el abogado que representa a 21 de los 30 procesados, ha recordado que el lunes fue solicitada la nulidad de la intervención telefónica que dio lugar a este procedimiento porque no estaba suficientemente motivada, y también se esgrimió la supuesta vulneración de los derechos de los acusados al no haber sido informados en su momento de la razón por la que habían sido detenidos y enviados a prisión.

Duarte considera que esas dos cuestiones han podido generar dudas en la acusación pública por cuanto cabe la posibilidad de que el tribunal anule toda la causa, una posibilidad que evita el Ministerio Fiscal negociando una sentencia de conformidad que también es aceptada por las defensas porque rebajará de forma sustancial la pena que se pide contra la mayoría de los acusados e incluso retirará los cargos contra alguno de los procesados.

Tanto José Duarte como Rosa Dorado, Raúl Montaño y Alfredo Pereira, los otros tres letrados de las defensas, han preferido no adelantar el contenido de la sentencia de conformidad hasta que sea firme,

En todo caso, sí avanzan que las penas que se impongan serán mucho más ajustadas a la realidad de unos hechos que, según afirman, no se corresponden con lo recogido en el escrito de acusación provisional realizado por el Ministerio Fiscal.

El juicio que se celebra esta semana en la Audiencia Provincial de Badajoz responde a la 'Operación Granero', que fue desarrollada por la Policía Nacional durante la madrugada del 14 de diciembre de 2018 en la ciudad de Badajoz. Fruto de aquel operativo quedó desarticulada una organización que es acusada de delitos contra la salud pública, organización criminal, blanqueo de capitales, tenencia de arma corta prohibida, tenencia de armas reglamentarias sin las licencias o permisos requeridos, atentado, lesiones y lesiones leves.

La sentencia que negocian la Fiscalía y los abogados de las defensas reducirá de forma importante las penas. Pero en la sentencia que se firme este miércoles se determinará también si, tal y como se recoge en el escrito de acusación provisional, la organización es despojada de los abundante bienes que fueron intervenidos por el juzgado instructor.

La intención de la Fiscalía es que sean decomisadas casi 20 inmuebles, una docena de vehículos (entre ellos hay un Hummer) y tres motocicletas.

El fin que se le dará a esas propiedades se conocerá en la sentencia que se dictará este miércoles, en la que se verá también el supuesto delito de atentado cometido por uno de los procesados cuando trató de huir de la policía.

La Fiscalía cree que en esa persecución el acusado lanzó patadas y puñetazos y opuso una gran resistencia, razón por la que cayó por un terraplén junto al policía nacional. Como consecuencia de esos hechos uno de los funcionarios sufrió distintas contusiones mientras que el otro presentaba una contractura en la columna cervical y en la zona lumbar.

Por esos hechos la Fiscalía pide que el supuesto responsable sea condenado a dos años y medio de prisión por un delito de atentado y a otros dos años de prisión por un delito de lesiones. Además, debería indemnizar a un policía con 4.085 euros y al otro con 140 por las lesiones causadas.