«La agricultura familiar es la que garantiza el desarrollo de los pueblos»

–Lleva al frente de UPA nacional desde 2004. Va a seguir. ¿Por qué?

–Tenía previsto haber dejado el puesto en condiciones normales. Estábamos preparando el relevo. Era el momento porque la organización está en un momento tranquilo, ganando implantación en territorios. Pero las circunstancias que vivimos hacen muy difícil gestionar bien un cambio así y se ha decidido compatibilizar la permanencia de dirigentes veteranos con la inclusión de jóvenes para la renovación de la Ejecutiva cuando se pueda volver hablar de normalidad.

–Otro aliciente más para continuar es que entramos en una etapa fundamental para agricultores y ganaderos, con la nueva PAC en juego y los cambios de la ley de la cadena alimentaria.

–Sí, desde luego. Nos encontramos ante una etapa clave. Cada vez que se aborda una PAC es así pero en esta ocasión realmente es una oportunidad única para poner en valor el trabajo de agricultores y ganaderos y para que los productores tengamos unos precios justos, que es una batalla que ha sido nuestra bandera desde hace muchos años.

–¿Qué debe buscar la nueva PAC?

–Debe definir lo que es un agricultor genuino, que tiene que ser a título principal pero además dar entrada a otros que compatibilicen ese oficio con otros porque hay muchos así en España. La PAC debe fijar también el tope de 60.000 euros en ayudas por explotación, descontando de ahí los costes de empleo. Y una PAC que dedique una parte importante de su dinero al pago redistributivo. El que se destina a las primeras hectáreas de la explotación, lo que significa que todas las hectáreas por debajo de este umbral reciben un apoyo adicional. Esto ayuda a los pequeños agricultores ya que habrá una proporción mayor de hectáreas que reciban los pagos más cuantiosos. Proponemos que un 20% del total de ayudas del pago básico sean fondos del pago redistributivo. El ministro se ha comprometido a trasladar esa propuesta a las comunidades. Se favorecería el modelo de agricultura y ganadería familiar, que es el generalizado. Hay otros modelos de explotaciones muy grandes, muchas veces no profesionales, y que recibe un nivel de ayuda muy alto que no necesitan.

–El modelo al que se tiende no es precisamente el familiar sino al de concentración de hectáreas, de grandes explotaciones.

–Hay muchos fondos de inversión que se están metiendo en el campo. O de grandes industrias que cada vez quieren acapararlo todo. Vienen a Extremadura porque hay sol, hay agua, y mientras les salgan las cuentas, estarán. Cuando no, cogerán las maletas y se irán. La agricultura familiar nunca se va a deslocalizar. Siempre va a estar en los pueblos, donde viven la gente del campo y sus familias. Somos un ejemplo de sostenibildad, de producción sana, de cuidado del medio ambiente. El presidente Pedro Sánchez ha remarcado que el coche eléctrico hay que potenciarlo, que es el futuro. La agricultura familiar es el coche eléctrico de este país para garantizar el desarrollo de las zonas rurales. Mejor receta contra el despoblamiento que gente que viva y trabaje en ellas no la hay. Y eso lo trae, entre otras cosas, la agricultura. Si no estaremos muertos a la larga.

–La pandemia ha revalorizado a la agricultura y a los pueblos.

–La alimentación y el futuro de la agricultura están ligadas a las explotaciones familiares. Y eso se ha demostrado clamorosamente.

–La diferencia entre el coste de producir un alimento y comprarlo en la tienda sigue existiendo. ¿El cambio de la ley de la cadena alimentaria lo evitará?

–Cuando se puso en marcha la ley en 2014 lo aplaudimos. Todo lo que se ponga en marcha en busca de ese objetivo es positivo. Pero es evidente que hay cosas que se quedan cortas, que no funcionan. He sido crítico en eso. Algunos me llamaban 'el cansino de los precios justos', me decían que estamos en un mercado libre y no se puede hacer nada. Y se puede, como fijar que a un agricultor no se le pueda pagar por debajo de lo que cuesta producir.

–Sí, pero no hay certidumbre sobre la fórmula aplicar para definir lo que cuesta producir.

–Es cierto y por eso ahora se modifica la ley. Y se van a introducir cambios que va a hacer que poco a poco funcione. Que haya observatorio de precios para definir los costes en cada sitio; que haya un mediador para que los contratos que se guardan en el cajón o quedan en papel mojado pasen a un registro obligatorio y no pueda haber engaño y que si un productor ha firmado un contrato abusivo, con posición de dominio del vendedor, pueda llegar a los tribunales.

–UPA-UCE Extremadura afronta este año juicio con petición de cárcel para sus dirigentes y el pago de altas indemnizaciones por el servicio de asesoramiento agrario.

–La instrucción que se ha hecho contra nuestros compañeros y la organización fue desmesurada. Ha durado cuatro años y el registro en las sedes fue tremendo. Ahora llega el juicio, sin atender ni una sola de las pruebas presentadas (hay informes del Banco de España, de la Junta...) para poder demostrar que los asesoramientos se hicieron en las mismas condiciones que el resto de organizaciones agrarias. Se ha demostrado que las ayudas las han percibido los agricultores. Solo espero que el juicio demuestre que nuestros compañeros son inocentes y que UPA-UCE lo es. Lo que se hizo era legal.

–¿Está tranquilo?

–Las pruebas que presentamos son contundentes. Esperemos que haya racionalidad y se sepa interpretar cómo se ha desarrollado ese servicio y que nuestros compañeros queden absueltos. No entendemos las peticiones de cárcel, de indemnizaciones e incluso pedir la inhabilitación de una organización que lleva 40 años haciéndose su estructura pueblo por pueblo, afiliado a afiliado, abriendo oficinas para atender a agricultores y ganaderos... Ójala el juicio se celebre cuanto antes para demostrar la inocencia.