Las líneas de subvención se adaptan a la covid-19

La crisis del coronavirus ha tenido todo tipo de impactos sociales, económicos y medioambientales. Algunos de ellos no somos ni conscientes de que existen, dado su carácter colateral, pero afectan sin duda a muchas personas. Un claro ejemplo es el de las subvenciones públicas. Las líneas de apoyo a diferentes personas físicas y jurídicas de nuestros espacios rurales obligan al cumplimiento de determinados plazos para la justificación de gastos e inversiones, que son controlados de forma estricta por los funcionarios responsables. El confinamiento ha supuesto que, en una gran proporción, haya sido imposible cumplir con los requisitos establecidos en la norma y, por tanto y sobre el papel, ello conlleva la posible pérdida de las ayudas; y no nos olvidemos que los administradores públicos tienen obligación de aplicar lo que refleja el papel. Por ello es responsabilidad de los políticos y los altos cargos que ellos nombran, el resolver este entuerto y cambiar con agilidad las normas que las regulan.

En este caso los beneficiarios de ayudas públicas, o al menos parte de ellos, en particular las mujeres, pueden estar un poco más tranquilas. El Gobierno nacional ha aprobado un real decreto que modifica las bases de las ayudas a los programas de formación pluri regionales y a los programas de apoyo a mujeres rurales. Se trata de planes estratégicos que entre otros objetivos persiguen revitalizar la economía rural y fijar población en estos espacios.

Una vez finalizado el confinamiento, los beneficiarios de las ayudas han podido reiniciar sus actividades o las obras necesarias para poner en marcha sus proyectos. Ahora sí, más tranquilos y seguros, porque podrán percibir unas necesarias ayudas que hacen más viable la puesta en marcha de sus proyectos.

En el caso de las ayudas a mujeres rurales, no solo se amplían los plazos para la ejecución y justificación de las actuaciones, sino que se permite ajustar los proyectos y adaptarlos a la nueva realidad. Para las iniciativas formativas, se autoriza la realización de la formación por vía telemática.

Es solo un ejemplo de ámbito nacional, pero qué duda cabe que las autoridades regionales también actúan con diligencia, o así deben hacerlo, en la gestión de sus propias líneas de ayuda. Sin embargo, en algunos asuntos no se actúa con la adecuada celeridad, o al menos eso considera APG Extremadura. Su presidente, Juan Metidieri, ha reclamado la publicación de los costes de producción agroganaderos, de tal manera que se puedan utilizar como referencia para la articulación de contratos que garanticen que no se producen ventas a pérdidas. Metidieri también ha recordado que la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, anunció en septiembre de 2019 la creación de un observatorio de precios regional que actuaría en este sentido.

La realidad es que la valoración de si una venta se hace por debajo de costes, es compleja y delicada, y solo la existencia de unos indicadores de referencia puede fijar límites objetivos que permitan el seguimiento y control. Con esta herramienta se posibilitaría el cumplimiento de la Ley de la Cadena, cuya nueva norma entró en vigor el pasado mes de febrero, facilitando el control objetivo de esta práctica. Por otro lado, 2020 ha sido un año tremendamente complicado y gran parte de las nuevas iniciativas político-administrativas se han ralentizado o paralizado. No es un justificación, pero sí una explicación de los retrasos que, tanto en este como en otras decisiones administrativas, deben ser subsanados lo antes posible.