El riesgo de la ideologización alimentaria

Pero no basta con diseñar un marco teórico ambicioso si no se establecen mecanismos efectivos para su implementación. La historia de la política agraria en España ha demostrado que las buenas intenciones suelen chocar con la burocracia y la falta de coordinación entre administraciones. Por ello el sector agroalimentario debe estar plenamente involucrado en este proceso, para garantizar que las soluciones planteadas sean viables y respondan a la realidad del campo español.

Por otro lado, el concepto de sostenibilidad es fundamental interpretarlo de manera adecuada. No se debe caer en el error de reducir la sostenibilidad a la mera promoción de la producción ecológica o a la eliminación de productos químicos en la agricultura. Debe abordarse desde una perspectiva amplia e inclusiva, que integre todas las herramientas tecnológicas disponibles para hacer la producción más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Esto implica mejorar la sostenibilidad ambiental de fitosanitarios y fertilizantes, apostar por la mejora genética para desarrollar variedades que necesiten menos recursos, modernizar la maquinaria agrícola para reducir su impacto ambiental y fomentar prácticas que optimicen el uso de los recursos sin comprometer la viabilidad económica de las explotaciones.

Uno de los puntos más sensibles en el debate agroalimentario es la gestión del agua de riego. En lugar de reducir la superficie de regadío, como algunos sectores del gobierno y de grupos ecologistas sugieren, la clave está en mejorar la eficiencia en la gestión y distribución del agua. El regadío bien gestionado es esencial para garantizar la producción de alimentos en cantidad y calidad suficientes. Tecnologías como el riego localizado, la digitalización de la gestión del agua y la optimización de infraestructuras hidráulicas deben ser prioritarios. Si España quiere mantener su liderazgo en el sector agroalimentario, no puede permitirse retroceder en este ámbito. No obstante, la presión del ala más izquierdista del Gobierno puede representar un riesgo. Existe la posibilidad de que la estrategia alimentaria se vea desvirtuada por un enfoque ambientalista y animalista extremo, que lejos de hacer más sostenible la producción agropecuaria, termine por poner en peligro su viabilidad. Prohibiciones excesivas, restricciones sin base técnica y una visión utópica del medio rural podrían provocar un retroceso en la producción y una mayor dependencia de importaciones de países con estándares ambientales y laborales inferiores a los de España. Un sector agroalimentario debilitado no solo afectaría a los productores, sino a la seguridad alimentaria del país y a la economía en su conjunto.

Además, la estrategia debe ir acompañada de políticas coherentes en otros ámbitos. La reducción unilateral de la jornada laboral, sin considerar las particularidades del sector agrícola, es un ejemplo claro de cómo medidas externas pueden entrar en contradicción con los objetivos de esta estrategia. La agricultura se caracteriza por su marcada estacionalidad, la presencia mayoritaria de pequeñas y medianas empresas, y la falta de mano de obra en determinadas tareas. Imponer restricciones rígidas sin un análisis profundo de sus efectos puede generar un impacto negativo en la competitividad y la viabilidad de muchas explotaciones. La nueva estrategia alimentaria de España tiene el potencial de marcar un antes y un después en el sector agroalimentario, pero su éxito dependerá de cómo se implemente.