Se pospone la compleja norma antideforestación

Hace unos días el Consejo Europeo refrendó aplazar doce meses de la aprobación de esta futura normativa, a propuesta de la Comisión Europea. Esta decisión ha generado reacciones positivas de todos los agentes implicados y ha puesto en evidencia las dificultades de su aplicación a corto plazo. Ahora queda la ratificación en el Parlamento Europeo, en este caso por trámite de urgencia.

Esta regulación antideforestación busca garantizar que los productos comercializados en la UE no contribuyan a la pérdida o degradación de la masa forestal, y ha sido objeto de intensos debates y negociaciones. En ellos, los países miembros han expresado preocupaciones sobre su impacto económico y logístico, así como sobre la capacidad de las empresas para cumplir con los nuevos requisitos en el plazo inicialmente propuesto. Por ejemplo y quizás lo más importante, las empresas españolas deberán asegurar que la soja que importan no contribuye a la deforestación, lo que aumentará los costos y la complejidad de la cadena de suministro.

El aplazamiento de la aprobación de esta norma permitirá a los países miembros y a las empresas disponer de más tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias y para desarrollar mecanismos efectivos de cumplimiento. Para el sector alimentario español, la ampliación del plazo ofrece un respiro temporal, pero no deja de lado la necesidad de seguir trabajando en la trazabilidad y sostenibilidad de sus cadenas de suministro para cumplir con los futuros requisitos.

El sector alimentario español, que incluye la producción de piensos, la ganadería y la industria alimentaria, se verá significativamente afectado por esta normativa, aunque ahora un poco más tarde. La producción de piensos, por ejemplo, depende en gran medida de la importación de soja, un producto que a menudo está asociado con la deforestación en países como Brasil y Argentina. La implantación de esta norma va a ser compleja y requiere crear, poner en marcha y testar procesos complejos de seguimiento y control de la trazabilidad, lo que sin duda va a encarecer el producto. Esto repercutirá en toda la cadena alimentaria derivada de la producción ganadera, cuyos piensos provienen en gran parte de esta oleaginosa. También, aunque su impacto en el mercado es mucho menor, la producción de alimentos para vegetarianos y veganos se encarecerá, ya que gran parte de la proteína sustitutiva de la de la carne se fundamenta también en soja.

Al margen de todo lo expuesto, puede ser un cambio en la hipócrita política agroambiental europea, que controla férreamente que los modelos de producción agraria de la UE tengan cada vez menos impacto en el medioambiente, pero a la vez deja entrar productos de Estados terceros que no cumplen en origen con estos mismos requisitos. Es decir, no terminan de entender que el medioambiente es un problema global, no de Europa y por tanto la lucha debe ir más allá de nuestras fronteras. Quizás este es un buen paso, pero ahora queda que apliquen principios similares a la importación en relación con la aplicación de otras restricciones medioambientales, como por ejemplo la limitación en el uso de productos fitosanitarios, fertilizantes u otro tipo de medidas restrictivas, que son de obligado cumplimiento en la UE, no así en otros países de producción.