Pequeños viticultores, entre la amenaza del clima y del mercado

Uno de los mayores problemas señalados por diferentes organizaciones profesionales agrarias es el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, según la cual, las bodegas deberían establecer contratos previos con los viticultores, garantizando un precio justo para las uvas. Sin embargo, esta normativa no se está cumpliendo en muchos casos, lo que deja a los pequeños productores en una posición de vulnerabilidad. A menudo, los acuerdos entre bodegas y viticultores son meramente verbales, lo que, si bien puede ayudar a sortear fluctuaciones del mercado, al existir relaciones personales históricas, está lejos del ideal en un sector tan importante para la economía española como el vitivinícola. Hay que recordar que la viticultura y el sector elaborador está presente en más del 40% de los municipios del país y contribuye en un 2% al PIB nacional, generando además más del 2% de los empleos.

Otro factor que agrava esta crisis es el contexto internacional. La posible reimposición de aranceles al vino español por parte de Estados Unidos, si finalmente Trump volviera a ser presidente y retomara su estrategia proteccionista, sumada a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha complicado el acceso a mercados claves. Países como Australia han ganado terreno en el Reino Unido, afectando a las exportaciones españolas.

Además, el consumo de vino ha caído, no solo en España, sino también en el exterior. Tras la pandemia, los hábitos de consumo han cambiado y muchas personas han reducido su ingesta. Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), este descenso global en el consumo de vino afecta directamente a la demanda de uva, complicando la situación de los productores, especialmente los más pequeños que dependen de la venta directa a bodegas.

A esta complicada situación económica se le suma el impacto del cambio climático. Los viticultores han tenido que afrontar sequías prolongadas y olas de calor que han reducido la producción en muchas zonas. De hecho, la demanda de nuevas plantaciones de viñedo ha disminuido un 45% en comparación con el año pasado, lo que refleja cierta desconfianza en el futuro del sector​.

Estudios publicados por la Federación Española del Vino (FEV) destacan que, para adaptarse a estas nuevas condiciones climáticas, será necesario reestructurar parcialmente el sector, promoviendo una mayor resiliencia mediante la investigación en variedades de uva más resistentes y en técnicas de viticultura regenerativa.

Ante este escenario, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha presentado una serie de propuestas para aliviar la situación de los viticultores y garantizar la sostenibilidad del sector a largo plazo. Entre las medidas más destacadas, proponen la congelación de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo durante los años 2024, 2025 y 2026, con el fin de evitar un aumento en la oferta que reduzca aún más los precios. También solicitan la creación de ayudas sociales para aquellos viticultores que deseen abandonar el sector, lo que evitaría una pérdida brusca de capital humano y experiencia en el campo. Otro aspecto que plantean es la necesidad de mantener los fondos europeos para la promoción del vino en mercados internacionales, ya que la internacionalización es clave para asegurar el futuro del vino español en un mercado cada vez más competitivo.

Por último, insisten en la importancia de la innovación y la investigación. Apoyar el desarrollo de nuevas técnicas y variedades de uva resistentes al cambio climático es fundamental para garantizar que la viticultura española pueda adaptarse a los nuevos desafíos y seguir siendo un sector clave para la economía del país.