Nuevas semillas, con todas las de la ley

A diferencia de los organismos modificados genéticamente (OGM), los llamados transgénicos, las NGT no introducen genes de otras especies, sino que actúan sobre el propio genoma de la planta, replicando cambios que podrían haber ocurrido de manera natural o por selección tradicional, pero en mucho menos tiempo y con mayor precisión. Por eso, los defensores de estas técnicas insisten en que no deben ser reguladas como (OGM), como sucede hasta ahora.

La Unión Europea (UE) ha dado importantes pasos hacia ese reconocimiento. El último, el pasado mes de marzo, cuando los Estados miembros alcanzaron un acuerdo en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper), que permite avanzar en la tramitación legislativa de la propuesta para regular las NGT. El texto, que fue impulsado inicialmente bajo la presidencia española del Consejo y retomado por la presidencia polaca, deberá ahora negociarse en los llamados trílogos entre el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión.

Este movimiento normativo ha sido recibido con optimismo por el sector de la mejora vegetal. Para las empresas obtentoras de semillas, el acceso a las NGT podría significar una revolución comparable a la introducción de la selección masal o la hibridación en siglos pasados. España, que cuenta con más de 70 centros de I+D dedicados a la mejora genética vegetal, se encuentra en una posición privilegiada para liderar este cambio. Según representantes del sector, permitir el uso regulado de estas técnicas podría aportar soluciones adaptadas a los problemas específicos de la agricultura mediterránea, como la sequía, la salinidad del suelo o la aparición de nuevas plagas, entre otros.

Lo importante, al igual que sucede en otras controvertidas cuestiones agroalimentarias, es que la regulación europea se apoye en criterios científicos y no en prejuicios ideológicos. Más de 25 países en el mundo ya han aprobado marcos normativos que permiten su uso, y la UE corre el riesgo de quedar rezagada si no avanza hacia una legislación clara, equilibrada y favorable a la innovación. Por otro lado, la edición genética no solo puede beneficiar a la agricultura convencional, sino también a la ecológica, al permitir variedades resistentes a enfermedades, lo que permitiría reducir la aplicación de productos de síntesis química.

Sin embargo, la propuesta no está exenta de detractores. Algunos grupos ambientalistas critican este cambio regulatorio. Temen que abra la puerta a un mayor control de las grandes empresas biotecnológicas sobre las semillas y que se dificulte la trazabilidad, afectando tanto al etiquetado como a la libertad de elección del consumidor. Otros consideran que, aunque la técnica en sí pueda parecer segura, su implantación en el modelo agrícola actual puede consolidar formas de producción intensivas poco compatibles con la biodiversidad o la agricultura ecológica.

Frente a estos argumentos, la propuesta contempla mecanismos de seguimiento, un proceso participativo y la posibilidad de adaptar la norma a lo largo del tiempo, tal como también han destacado las instituciones que han trabajado en el diseño del nuevo marco normativo. En definitiva, se trata de un primer paso para dotar a la UE de una legislación que reconozca los avances científicos y permita aplicar la innovación de forma segura y controlada.

Sin duda, nos encontramos en un momento decisivo. El texto que resulte de las negociaciones marcará el rumbo de la mejora vegetal en Europa durante al menos los próximos 15 o 20 años. Y en un mundo que avanza rápido, quedarse atrás en ciencia y tecnología no es una opción que Europa pueda permitirse si quiere mantener una agricultura competitiva, sostenible y suficiente.