Un agro más inclusivo

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solo el 30% de las explotaciones agrícolas en España tienen a una mujer como titular. Esto significa que, a pesar de que las mujeres desempeñan un papel esencial en el trabajo diario en el campo, aún se enfrentan a barreras para acceder a la titularidad de las explotaciones y, por ende, a los derechos y beneficios asociados. La titularidad compartida, al permitir que tanto hombres como mujeres sean reconocidos de manera igualitaria en el registro de la explotación, se convierte en una herramienta para superar estas desigualdades.

En términos prácticos, este modelo permite que una explotación agraria esté registrada a nombre de dos personas como titulares compartidos. Estos titulares tienen los mismos derechos y obligaciones sobre la explotación, lo que significa que ambos tienen la capacidad de tomar decisiones, acceder a ayudas públicas y asumir la gestión económica y administrativa. Este sistema no solo contribuye a la equidad de género, sino que también ofrece ventajas en cuanto a la estabilidad económica y la generación de empleo en las zonas rurales.

Este año el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va a conceder subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida por valor de 1,5 millones de euros, beneficiando a 1.060 de ellas. Esto supone una ayuda aproximada por explotación de 1.500 euros, que algo ayuda, aunque no sea muy significativa.

Al final, este tipo de ayudas buscan incentivar la adopción de prácticas más sostenibles y modernas, así como el fortalecimiento de la estructura familiar de las explotaciones. Están especialmente orientadas a pequeñas y medianas empresas agrarias, que constituyen la columna vertebral de la agricultura española y, a menudo, son las más vulnerables a las crisis económicas y climáticas.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y las ayudas que se ofrecen, el modelo de titularidad compartida sigue teniendo importantes desafíos tanto a nivel legislativo como operativo. A pesar de sus ventajas, este modelo aún tiene un recorrido complicado en España. Hoy en día, la cifra de explotaciones registradas es aún baja, lo que refleja tanto la falta de conocimiento de esta opción como las dificultades administrativas y culturales para su implementación. En muchos casos, los agricultores prefieren mantener la titularidad individual, principalmente por cuestiones de tradición o de falta de confianza en la gestión compartida. Además, las particularidades legales y los trámites burocráticos necesarios para reconvertirse a esta tipología de gestión todavía representan una barrera significativa para muchos agricultores.

El panorama para la titularidad compartida en las explotaciones agrarias españolas es, por lo tanto, variable. Por un lado, la iniciativa cuenta con el respaldo de la comunidad agrícola y de las instituciones, que reconocen sus beneficios tanto desde el punto de vista de la equidad de género como desde la eficiencia económica. Por otro lado, persisten obstáculos importantes que deben superarse para que se consolide como una opción viable para las explotaciones agrarias del futuro.