Borrar
¿Qué ha pasado hoy, 28 de marzo, en Extremadura?
Imagen de archivo de una redada antidroga en el barrio de San Lázaro en Plasencia.
La Fiscalía pide 8 años de cárcel para 123 acusados de blanquear dinero de la droga

La Fiscalía pide 8 años de cárcel para 123 acusados de blanquear dinero de la droga

Les inculpa también de pertenencia a un grupo criminal y les solicita el pago de más de 16,3 millones de euros en concepto de multas

Ana B. Hernández

Jueves, 2 de marzo 2017, 23:21

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La Agencia Tributaria hizo pública hace un año una presunta trama de blanqueo de capitales en Plasencia por las que se estaba investigando a 130 personas, de las que 32 eran menores. Todas ellas de etnia gitana, muchas dedicadas a la venta ambulante y la inmensa mayoría residentes en el barrio de San Lázaro de la capital del Jerte.

Ahora, tras un año de investigación en el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 1 de Plasencia, la Fiscalía solicita la apertura del juicio oral para 123 de ellas, a las que acusa de un delito continuado de blanqueo de capitales y otro de integración en un grupo criminal.

Por el primero solicita siete años y seis meses de prisión para los dos hombres a los que considera cabecillas de la trama -uno de ellos un pastor evangelista- y seis años de prisión, así como inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, para los 121 restantes. Por el segundo delito, pide dos años más de prisión para cada uno de los acusados. También solicita el pago de multas a todos ellos en función de su participación en la trama. Las mismas oscilan entre 25.000 euros en un caso y 1.500.000 en otro. Y el global asciende a 16.345.000 euros.

Según el escrito de acusación presentado por la fiscal, que pide que se abra juicio oral en la Audiencia Provincial de Cáceres dado que las peticiones de cárcel superan los 6 años, los 123 acusados, todos mayores de edad, «durante los años 2005 a 2014 y gracias a los cuantiosos beneficios obtenidos por la venta y distribución de estupefacientes a terceros, hechos por los que han resultado condenados algunos de los acusados, y a pesar de carecer de ingresos o ser estos mínimos, han disfrutado de un nivel de vida elevado que no corresponde con su capacidad económica, puesto que los ingresos legítimos que obtenían les situaría, en los casos que existe esta obtención de ingresos, en una economía de subsistencia».

Este es el resumen tras un año de instrucción en el juzgado que vino precedida por una investigación que comenzó en octubre de 2014. Fue entonces cuando se realizaron las primeras detenciones y se llevaron a cabo registros en los inmuebles de los investigados, al mismo tiempo que se analizaban los movimientos realizados durante los últimos 10 años en las cuentas bancarias de los hoy acusados. La investigación, de hecho, se puso en marcha después de que los servicios centrales de una entidad bancaria alertaran sobre los movimientos continuos y de grandes sumas de dinero que se venían produciendo en algunas de sus sucursales extremeñas. La investigación, por ello, comenzó en estas sucursales pero alcanzó finalmente a nueve entidades bancarias. A todas las utilizadas por los acusados para, según el escrito de Fiscalía, blanquear el capital logrado de forma ilícita. En total, según desveló hace un año la Agencia Tributaria, se habrían blanqueado más de 12,7 millones de euros.

«Al objeto de dificultar la detección e identificación de estos fondos provenientes de la venta y distribución de sustancias estupefacientes, e introducirlos en el tráfico comercial despojados de la connotación de su procedencia ilícita, los acusados, relacionados muchos de ellos familiarmente, de forma concertada y organizada, y con una estructura y reparto de tareas de forma piramidal, encabezada por los titulares de los fondos», explica Fiscalía, abrían numerosas cuentas, «muchas de ellas a nombre de menores», para moverlos.

Tras estos, están «los encargados de introducir los fondos en el circuito financiero y, por último, los titulares y/o autorizados de las cuentas bancarias y los encargados de realizar reintegros, así como aquellos a cuyo nombre figuran determinados bienes, los cuales realizan esta tarea a cambio de diversas contraprestaciones».

La defensa

Cuentas en las que se ingresaban cantidades que oscilaban entre los 11.000 euros y los 100.000 euros generalmente y que, en unos casos, «venían a ser una especie de cuentas puente en las que nada más ingresar el dinero se traspasaba a otras o se retiraba en efectivo». Otras, sin embargo, «servían para la obtención de préstamos que carecían de justificación dado su saldo y que, posteriormente, se amortizaban con fondos procedentes de otras», que se utilizaban también para realizar otras operaciones. Todas ellas permanecían vigentes durante dos o cuatro años y después se cancelaban «mediante disposiciones de efectivo de considerable importe o mediante traspasos a otras cuentas del grupo para dificultar su seguimiento».

Las defensas de los acusados, por su parte, muestran su sorpresa «por la dureza de las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal». Afirman que hace «tabla rasa y considera organización criminal a lo que es una familia extensa, en la que el mero hecho de tener unos apellidos o un pariente común y tener un dinero en el banco ya es suficiente para ser imputados», señala Estanislao Martín, uno de los abogados defensores. También que la mayoría de las operaciones por las que se criminaliza a sus clientes «son actos corrientes de cualquier persona». Por eso, a su juicio, la Fiscalía «dibuja una figura piramidal inexistente» y parte de «un hecho no demostrado: que los fondos intervenidos vienen del tráfico de drogas, cuando muy pocos de los acusados tienen realmente antecedentes por este delito».

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios