El miércoles empieza el juicio del ruido, con 7 de los 9 bares implicados cerrados

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Se sentarán en el banquillo de acusados la exalcaldesa Carmen Heras, el exedil Carlos Jurado y once hosteleros

Sergio Lorenzo
SERGIO LORENZOCáceres

Después de una investigación judicial que ha durado seis años, el próximo miércoles, día 20, está previsto que comience el juicio del caso del ruido en La Madrila. Empezará a las 9,40 horas en la sala de vistas del jurado en el Palacio de Justicia de Cáceres.

En el banquillo de acusados se sentarán trece personas: la exalcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, el exconcejal Carlos Jurado (los dos del PSOE), y once hosteleros relacionados con nueve locales implicados en la supuesta contaminación acústica. La vista oral está previsto que dure alrededor de mes y medio, quedando visto para sentencia el 31 de octubre.

Durante la instrucción se investigó a 16 locales como causantes del ruido que afectaba a los vecinos; pero al final han sido imputadas personas relacionadas con nueve locales. Llama la atención que de esos locales siete están cerrados. En la Madrila Alta llevan varios años cerrados, los locales 'La Cuerda' y 'La Belle', y en la Madrila Baja, en la zona de la Plaza de Albatros, están cerrados: 'Latinos', 'Submarino', 'Sugar' y 'Maquiavello'. También en la Madrila Baja, pero en la calle Santa Teresa de Jesús, tiene sus puertas cerradas el local 'Sasa', que también se llamó 'Tacones', 'Manuel's', 'Dabar' y 'Póker Copas'. Los otros dos locales, que permanecen abiertos después de realizar obras de insonorización, son 'Barroco' y la antigua 'Discoteca Down' que ahora tiene otro nombre.

Doce abogados intentarán demostrar la inocencia de sus clientes. Emilio Cortés Bechiarelli defenderá a Carmen Heras y a Carlos Jurado. A los hosteleros los abogados: Ángel Luis Aparicio Jabón, Máximo Pérez Muñoz, Carlos Arjona Pérez, Marcos Nieto Álvarez, Lydia Fernández Vivas, Isabel González Hernández, Montaña Rojo Durán, Rosa Isabel Grave, Ruth Timón Morillo-Velarde, José Luis Macías y María Isabel González. También habrá un abogado que represente al Ayuntamiento de Cáceres, ya que la acusación particular, la Asociación Cacereños Contra el Ruido, ha pedido que el Ayuntamiento sea considerado responsable subsidiario, y afronte el pago de las indemnizaciones que piden a los hosteleros, en caso de que no puedan pagarlas. La Asociación, representada por el despacho de abogados Qualit, pide que los vecinos de La Madrila afectados sean indemnizados con 297.000 euros. Son 14 los vecinos que piden que se les dé dinero por los daños sufridos.

Las dos acusaciones: la Fiscalía de Cáceres, y la Asociación Cacereños Contra el Ruido tienen previsto solicitar en el juicio que Carmen Heras y Carlos Jurado sean condenados, cada uno, a un año y nueve meses de prisión, además de imponérseles 10 años de inhabilitación especial para desempeñar empleo o cargo público. Esa petición es para el caso en que el tribunal les encuentre culpables de haber cometido un delito de prevaricación medioambiental.

Señalan las dos acusaciones, que en el caso de que fueran hallados culpables de un delito de prevaricación genérica, no pedirán prisión para ellos, pero sí cumplir los diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El año pasado la exalcaldesa fue condenada, por el Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres (el mismo que le va a juzgar ahora), a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por el modo en que se pagó la segunda edición del Festival Urban Screens celebrado en 2010. Se le consideró responsable de un delito de prevaricación administrativa. La condena, recurrida, supuso que dimitiera como presidenta del PSOE de Extremadura.

Para las acusaciones los dos expolíticos son responsables de la contaminación acústica que padecía La Madrila, al no desempeñar las funciones para las que fueron elegidos.

Heras fue alcaldesa del 2007 al 2011, y Jurado, como concejal de Seguridad, era el edil instructor de todos los expedientes que se tramitaban sobre los bares molestos. La acusación indica que estaban obligados a controlar y sancionar toda irregularidad o infracción de la normativa en materia de contaminación acústica; pero al no actuar facilitaron la reproducción de música por encima de los niveles permitidos, algunos incluso sin tener licencia para tener música, permitiendo también la concentración de clientes en las entradas de sus locales.

Las acusaciones se centran en las anomalías detectadas entre los años 2007 y 2011. Según la denuncia presentada, los vecinos sufrieron durante ese periodo de tiempo un nivel de ruido superior al permitido, lo que les llevó a sufrir trastornos de sueño, fatiga, depresión y ansiedad, con efectos en su vida familiar, social y laboral.

Clausura de locales

Para los once hosteleros las acusaciones solicitan, para cada uno de ellos, tres años de prisión, pagar 5.400 euros de multa y dos años sin poder ejercer una profesión relacionada con la hostelería, además de que se les clausure sus negocios.

Los empresarios y los locales afectados son los siguientes: Los hermanos Juan Luis y Francisco S. B. que regentaban 'Maquiavello'; Agustín N. A. que llevaba 'La Belle'; César A. M., gerente de 'El Submarino'; Santiago C. R, gerente de 'La Cuerda'; Juan Antonio R. M., responsable de 'Sugar'; Eduardo S. J. R. responsable de la 'discoteca Down'; David V. G. responsable de 'Sala Barroco'; Sergio T. G. responsable de 'Latinos' y los hermanos Abel G. R. y Rubén G. M., relacionados con 'Sasa', para estos dos piden una multa superior al resto, de 16.200 euros.

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