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Los vecinos denunciaron en los tribunales los ruidos después de tres décadas de molestias

La Plaza de Albatros, el primer fin de semana con ocho bares cerrados por orden judicial en 2012. :: hoy
La Plaza de Albatros, el primer fin de semana con ocho bares cerrados por orden judicial en 2012. :: hoy
  • Todos los alcaldes de la democracia han sido objeto de quejas de los residentes en las calles más conflictivas con críticas a la pasividad municipal

«Hay que poner coto a este desmadre». Así se manifestaba en 1987 el entonces alcalde de Cáceres, el socialista Carlos Sánchez Polo, al poco de tomar posesión de su cargo y comprobar los excesos de la noche cacereña. «En esto de los bares, el ruido y la anarquía de beber en la calle vamos a tratar de cumplir con la parte que a nosotros, como Ayuntamiento, nos corresponde», declaraba en septiembre de aquel año Sánchez Polo a HOY tras ser preguntado por las quejas de vecinos de la Madrila. Casi 30 años después, una compañera suya del PSOE, la exalcaldesa Carmen Heras, se sentará en el banquillo de los acusados en el juicio por el caso del ruido de la Madrila, con una fiscalía que pide para ella un año y nueve meses de cárcel por un presunto delito de prevaricación ambiental, es decir por no atajar el problema y mirar para otro lado.

El caso del ruido ha señalado con el dedo acusador a dos políticos locales, Carmen Heras y el exconcejal de Seguridad Ciudadana de su Gobierno, Carlos Jurado, ambos responsables municipales en el mandato de 2007 a 2011. Sin embargo, cabe preguntarse cuándo arranca el problema del ruido y qué medidas han tomado antes de Heras las administraciones públicas, entre ellas el Ayuntamiento. Los vecinos de la Madrila han sufrido durante más de 25 años el problema, o incluso 30 si se cuenta a parir de 1980, hasta que un colectivo, la asociación Cacereños contra el Ruido, se decide a dar la batalla de forma decidida, en los tribunales. Su denuncia fue presentada en 2011, hace ya cinco años. Hay que tener en cuenta que en los 80 ni siquiera figuraba el ruido como un delito. La contaminación acústica no llegó al Código Penal hasta 1995.

El conflicto de intereses entre vecinos y bares arranca hace más de 30 años en la Madrila, la zona que en los 80 se identificó con la denominada 'movida'. Este barrio, construido a finales de los años 60, conoció la apertura de la primera discoteca de la ciudad, Faunos, a principios de los 70 y poco a poco fueron abriendo otros establecimientos de ocio.

La proliferación de locales de moda se consolidó a lo largo de los 80, década en la que ya se empezó a acuñar el término 'movida' para definir el ambiente nocturno y la agitación juvenil de la zona.

Se puede decir que todos los alcaldes de la democracia han sido blanco de las críticas vecinales, responsabilizados de «pasividad» o de falta de firmeza en atajar el problema, en definitiva de mirar para otro lado. La Madrila era considerada ya en el año 1980 como uno de los lugares más ruidosos y molestos para el vecindario por culpa de los bares y la hemeroteca de HOY da cuenta de ello.

El alcalde socialista Juan Iglesias, que gobernó desde 1983 a 1987, tuvo que hacer frente a estas críticas y en aquella época la calle más conflictiva era Doctor Fleming, no la Plaza de Albatros. Tanto bajo su mandato como bajo el de su sucesor, Carlos Sánchez Polo, que gobernó de 1987 a 1995, la única normativa municipal que podía esgrimir el Ayuntamiento era el bando del silencio, que obligaba a limitar los ruidos en determinadas franjas horarias para garantizar el descanso. La Ley estatal del Ruido no llega hasta 2003 y el decreto de la Junta de Extremadura en esta materia es de 1997.

1987

Cuando Carlos Sánchez Polo reconocía en 1987, al poco de acceder a la alcaldía, que había que poner coto al «desmadre», ya hacía referencia a la necesidad de «armonizar» los intereses encontrados de las partes: los hosteleros, con sus negocios, los vecinos con su derecho al descanso, y los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, con sus ganas de divertirse y de disfrutar plenamente de la 'movida'.

Referencias esa deseable «armonización» de derechos se ha repetido a largo de las tres últimas décadas, sin que los vecinos se hayan visto satisfechos en sus demandas de exigencia de un control firme de los excesos. El Ayuntamiento hizo un repaso especial de inspección en 1989 para controlar el horario de los bares y los ruidos. También antes, con Juan iglesias, se habían puesto denuncias.

Enseguida surgió otro frente de conflicto, con el botellón en la Plaza Mayor y la consolidación de esta zona y su entorno, incluido el área de Pizarro, como enclaves del ocio nocturno. El descontrol se multiplicaba para pesar de los vecinos de las zonas afectadas, pero al mismo tiempo Cáceres adquiría vitola de ciudad marchosa, casi lugar de peregrinación para jóvenes de lolcalidades cercanas e incluso del resto de la región para pasarlo bien el fin de semana.

Fueron necesarios más de diez años para que el botellón de la Plaza Mayor, que llegó a dimensiones verdaderamente descomunales, fuera erradicado, con la prohibición de beber alcohol en la calle establecida en la Ley de Convivencia y Ocio de la Junta de Extremadura, aprobada en 2003.

1991

El momento más conflictivo llegó en el otoño de 1991, con los primeros disturbios de la Madrila, a causa de las exigencias en el cumplimiento de los horarios de los bares. Fue toda una revuelta, una algarada callejera que proyectó el nombre de Cáceres en todos los medios de comunicación nacionales. Después hubo otro estallido parecido, sin adquirir tanta dimensión, en 2002, también por la misma causa: el incumplimiento de los horarios de cierre. A partir de este segundo conflicto, surge el fenómeno de la reapertura de locales de la Plaza de Albatros en la madrugada, a partir de las 6 de la mañana, al tener sólo licencias de café bar, no de pub, con lo que podían abrir cuatro horas después de haber del cierre inmediatamente anterior.

El alcalde José María Saponi, que gobernó desde 1995 a 2007, también es objeto de reproches vecinales por pasividad prácticamente desde que accedió a su cargo, a pesar de que el Ayuntamiento continuaba imponiendo multas e incluso ordenó el cierre de bares de la Madrila en los años 2004, 2005 y 206. Paradójicamente, ese precinto de locales acabó volviéndose contra el propio Ayuntamiento, que fue condenado a indemnizar a los dueños de esos locales por los perjuicios económicos sufridos a causa del precinto municipal. Fueron tres bares, dos de ellos cerrados por incumplir el horario y otro más con el argumento de que no podía reabrir tras haber estado el local sin actividad durante más de seis meses. El juez dio la razón al dueño de este último pub, La Ventana, por entender que no se podía considerar que había estado sin uso durante el tiempo en que caducan las licencias. El Ayuntamiento tuvo que hacer frente, ya en 2012, al pago de 325.000 euros en concepto de indemnización por las pérdidas económicas causada a este negocio.

Estas sentencias judiciales contra el Ayuntamiento son recordadas ahora por el presidente de la asociación de vecinos de la Madrila, Miguel Salazar, quien también reprocha a los jueces el papel que han tenido en relación con el problema de los ruidos y los bares. «Saponi cerró algunos bares y los jueces los reabrieron y obligaron al Ayuntamiento a pagar indemnizaciones», subraya Salazar, veterano en sus críticas hacia los responsables municipales, pero también hacia la Junta, administración que cree igualmente responsable. Como presidente de la asociación de la Madrila nunca llegó a acudir a la vía judicial, a pesar de haberlo advertido en varias ocasiones, durante el mandato del alcalde Saponi, en concreto en 2001, 2003 y 2007, en esta última ocasión con la celebración de una asamblea vecinal en la que se decidió acudir a los tribunales. Finalmente no se dio el paso por el coste económico y por considerar que la solución debía encontrarse en la vía administrativa y no en los juzgados.

Fue la asociación Cacereños contra el Ruido, promovida por residentes en la Madrila, la que dio el paso en el juzgado en 2011, tras haber acudido en 2009 al Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, y a la Fiscalía. Consiguió que fuera admitida la querella con informes del Seprona en los que se certificaba con mediciones hechas en 2009 que los locales denunciados sobrepasaban los niveles permitidos de emisión de decibelios y que tal contaminación acústica había causado graves daños a la salud de los vecinos sufridores.

Noviembre de 2008

Cuando Cacereños contra el Ruido se constituye como asociación, en noviembre de 2008, el presidente vecinal de la Madrila consideraba que el Gobierno local de entonces, el de la alcaldesa Heras, había dado algunos pasos importante, el primero de ellos el cierre de la Plaza de Albatros al tráfico los fines de semana, lo que acabó con los coches discotecas y los bocinazos. También se aprueba en 2009 una ordenanza de protección ambiental, que obliga a insonorizar los bares para poder tener categoría de café-concierto. En noviembre de 2009 abre el primer local insonorizado con esta categoría, el Boogaloo, en Hernán Cortés. En 2010 se adaptan a estas nuevas exigencias otros dos en la Plaza de Albatros y uno en Doctor Fleming y en 2012 reabre uno más en la zona, Ivanhoe.

Sobre las penas de cárcel que pide el fiscal, el letrado de Cacereños contra el Ruio, Eugenio Cuadrado, de Qualit Abogados, afirma que la intención de la querella no busca hacer «daño» a las personas acusadas «sino que se tome conciencia de que el ocio puede ser compatible con cumplir los ordenanzas y con la convivencia vecinal siempre que los locales cumplan los requisitos por los que obtuvieron la licencia». El abogado considera que el litigio judicial ya ha servido para algo, para mejorar la situación y para un mayor control de los locales: «A todos nos gusta salir y las empresas de hostelería crean empleo, pero debe respetarse la compatibilidad entre ocio y convivencia vecinal».