Pizarro ve «muy posible» pedir al TSJEx la exculpación de Mónica García y Francisco Barbancho

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, anunció ayer que ve «muy posible» que el Ayuntamiento, personado como acusación en el caso Santa Bárbara, solicite al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que excluya de la instrucción a «algunos» de los exconcejales investigados en la causa debido al «poco tiempo» que permanecieron como responsables de Urbanismo durante el periodo que se investiga. El alcalde mencionó expresamente a Francisco Barbancho, quien ocupó la concejalía de enero a junio de 2011, y de manera tácita también a Mónica García, que fue la edil del área entre enero de 2006 y junio de 2007.

Pizarro no ha desvelado aún si el Ayuntamiento presentará escrito de acusación y pedirá la apertura de juicio oral, si bien la posibilidad muy avanzada de solicitar que se exculpe a Barbancho y García parece apuntar en esa dirección, ya que no tendría sentido hacerlo si la intención del Consistorio fuera pedir el sobreseimiento del caso. Siguiendo esa lógica, el Ayuntamiento placentino acusaría tanto a Elia María Blanco, alcaldesa durante todo el periodo investigado (de enero de 2006 a junio de 2011), como a María Victoria Domínguez, concejala de Urbanismo desde junio de 2007 hasta diciembre de 2010.

El alcalde insistió en que la decisión no está todavía tomada y en que todos los pasos se darán sobre la base los informes del equipo jurídico municipal. Recordó que disponen de un «periodo de reflexión» de varios días mientras el TSJEx resuelve los recursos presentados al último auto en el que el juez instructor daba a las partes 10 días para, o bien presentar escrito de acusación, o bien solicitar el sobreseimiento. También dijo que se encuentran analizando el perjuicio económico causado al Ayuntamiento para, si procede, reclamar una indemnización a los investigados.

El TSJEx se encuentra investigando la existencia de una posible responsabilidad penal de los cargos públicos encargados del urbanismo en el Ayuntamiento de Plasencia entre 2006 y junio de 2011 por el hecho de que no se demolieran decenas de construcciones ilegales de la sierra de Santa Bárbara sobre las que pesaban órdenes firmes de derribo. Si se demuestra que tenían conocimiento de los expedientes y aun así no hicieron nada por derribar las viviendas ilegales ni denunciaron la situación ante las autoridades, se les podría acusar de presunta prevaricación y de omisión del deber de perseguir delitos.

En su último auto del pasado 22 de noviembre, el juez instructor del TSJEx considera a los cuatro investigados «responsables» de los hechos en el caso de que se confirme que estos son constitutivos de delito. Ese auto ha sido recurrido por las defensas de los investigados. El fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, ya ha avanzado que en el momento en el que el auto sea firme la Fiscalía presentará escrito de acusación contra los cuatro y solicitará la apertura de juicio oral.

El Ayuntamiento de Plasencia, también presente en la causa como acusación particular, no ha confirmado en cambio cuál será su postura. Fernando Pizarro ha declarado que actuarán «con responsabilidad y defendiendo los intereses del Ayuntamiento», si bien es probable que, al igual que la Fiscalía, no anuncie la decisión definitiva del Consistorio hasta que el auto del juez instructor adquiera firmeza.

La opción inicial, según apuntaron hace unos días fuentes municipales, es presentar acusación y pedir que al menos Elia María Blanco y María Victoria Domínguez se sienten en el banquillo. También debe decidir el Ayuntamiento si les reclama una indemnización por las cantidades que la ciudad ha dejado de percibir a causa de la ilegalidad de estas construcciones, como por ejemplo las tasas por licencia de obras.