La Fiscalía pedirá la apertura de juicio por las casas ilegales de Plasencia

En cualquier caso, Blanco dejó claro que la petición de juicio oral solo llegará una vez el último auto emitido por el TSJEx, de fecha 22 de noviembre, sea firme. Algo que no ocurre por el momento, puesto que las partes tienen primero un plazo de tres días para presentar un recurso de reforma, que será respondido por el magistrado de la instrucción, y otro más de cinco días para presentar recurso de apelación. En este caso, serán tres magistrados –ninguno de ellos el instructor– de la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx los que resolverán los recursos.

Escritos de oposición al auto del pasado 22 que posiblemente llegarán por parte de las defensas de los cuatro investigados: la diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez, y tres expolíticos de Plasencia –la exalcaldesa Elia María Blanco y los exconcejales Francisco Barbancho y Mónica García–. De momento, ayer el abogado de esta última, Estanislao Martín, adelantó que presentará recurso contra el auto, de la misma forma que lo hará la defensa de Victoria Domínguez, como confirmó la diputada.

Un auto del magistrado Jacinto Riera que acerca un poco más a los investigados al banquillo, porque deja claro que una zona de la sierra de Santa Bárbara, donde se han levantado las edificaciones que centran la causa judicial, «ha sido objeto desde hace mucho tiempo de un constante proceso de construcción ilegal masivo», desarrollándose especialmente en el periodo que va desde enero de 2006 hasta junio de 2011, en el que los cuatro investigados tenían las responsabilidades urbanísticas –Elia María Blanco por ser la alcaldesa– en el Ayuntamiento.

Por eso el magistrado señala que son los responsables. Porque «aunque la situación era sobradamente conocida por las autoridades del Ayuntamiento de Plasencia, ha existido una total pasividad que ha hecho posible su consolidación». Porque no solo permitieron las construcciones, sino que «incumplieron sistemáticamente su obligación legal de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. Y tampoco denunciaron nunca los actos de desobediencia de los promotores de las órdenes de paralización de las obras».

Hechos que, a juicio del magistrado, podrían suponer la comisión de un delito de prevaricación administrativa y otro de omisión del deber de perseguir delitos. Ambos se recogen en los artículos 404 y 408 del Código Penal y establecen inhabilitación para cargo público.

En cualquier caso, hasta que este auto del TSJEx no sea firme, ni el Ministerio Fiscal podrá pedir la apertura de juicio, ni las defensas de los cuatro investigados su archivo. Será también entonces cuando se pronuncie el Ayuntamiento de Plasencia. No obstante, fuentes municipales aseguraron ayer que su opción inicial es solicitar la apertura del juicio, en coherencia con lo que ha venido defendiendo desde el inicio del proceso.

La decisión que finalmente adopte el TSJEx, aunque culmine con la apertura del juicio y los investigados como acusados en el banquillo, no conllevará la dimisión de Victoria Domínguez como diputada regional. Según informa Efe, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea dijo ayer que no se plantea dimitir como diputada regional si el juicio se abriera, porque queda mucho procedimiento por tramitar y, en todo caso, es «un hecho que no ha sucedido».

También Ciudadanos dejó claro que no tomará ninguna decisión con respecto a su diputada extremeña hasta que «haya una resolución judicial firme». Momento en el que la misma se someterá para su análisis a la Ejecutiva nacional, que ya ha culminado con la documentación facilitada por Victoria Domínguez el expediente informativo que le abrió hace unos meses. Además, Ciudadanos recuerda que los hechos por los que su diputada es investigada «no son corrupción política y, en cualquier caso, son anteriores a su entrada en el partido».