El jueves presenciamos un poco edificante episodio en el Congreso que confirma la creciente polarización de la que les hablé el pasado domingo.
En una ... más que tensa sesión y en medio de un fuego cruzado de acusaciones de golpismo, la mayoría que apoya al Gobierno aprobó una polémica reforma exprés del Código Penal que deroga el delito de sedición, sustituyéndolo por uno con menos castigo de desórdenes públicos agravados, y rebaja la pena máxima para el de malversación sin ánimo de lucro, diferenciando así, como ocurría antes de que el PP igualara ambos actos ilícitos en 2015, entre apropiarse indebidamente de dinero público (la corrupción pura y dura) y hacer un mal uso de él. Estas modificaciones favorecen claramente a los dirigentes del 'procés', tanto a los condenados como a los prófugos como Marta Rovira y Carles Puigdemont. De ahí que la oposición, con razón, la haya tachado de 'ad hominem'.
Para más inri, el Ejecutivo ha incluido de matute y a última hora en la reforma de marras dos enmiendas que nada tienen que ver con ella para modificar el método de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), a fin de desbloquear su renovación y, por ende, acabar con su actual mayoría conservadora de miembros.
Ello soliviantó a Vox, Cs y PP, que presentó un recurso de amparo ante el TC solicitándole que paralizara de forma cautelarísima el trámite de ese par de enmiendas por considerarlas un «fraude de ley parlamentario». El tribunal de garantías finalmente no paro la votación y estudiará mañana el recurso. Evitó así un choque frontal entre poderes del Estado sin precedentes.
'Lato sensu', se puede decir que el PSOE, con la complicidad de sus socios, ha malversado al hacer un mal uso de bienes públicos (una ley y el Parlamento) para satisfacer intereses particulares. Pero el PP igualmente está malversando en el mismo sentido amplio del término cuando mantiene bloqueada la renovación de la cúpula judicial también por intereses partidistas, para no perder una mayoría afín a través de la cual ejerce oposición al Gobierno. De resultas, por desjudicializar un conflicto político se ha politizado la justicia.
PSOE y PP usan así las instituciones de forma espuria, guiándose no por la voluntad general sino por la voluntad de poder. En consecuencia, «las instituciones comunes, que son las nacionales, vuelven a ser de parte. Con la pérdida de lo común, desaparece también el ideal de neutralidad», advierte el diplomático y escritor Juan Claudio de Ramón ('Ethic', 16 de diciembre de 2022), a quien lo que más le preocupa ahora «no es ni siquiera la falta de unidad territorial, sino la falta de unidad institucional», porque «todo está cada vez más corrompido por el viciado aroma de la facción».
Así es como una democracia degenera en una partitocracia, que es una forma de oligarquía, porque unos pocos, los cabecillas de los partidos, acaban repartiéndose los tres poderes del Estado.
Esta suerte de malversación institucional degrada y desacredita las instituciones ante los ciudadanos, que acaban metiendo en el mismo saco a todos sus miembros, entendiendo que si el cesto está podrido, lo está o termina por estarlo todo su contenido. Eso lleva al pueblo a ser más receptivo a los cantos de sirena populistas y adanistas de quienes se presentan como cirujanos de hierro capaces de extirpar los tumores cancerígenos que corroen la democracia. Y así es como esta deviene tiranía.
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