Me temo que el deseo del presidente de la Junta de que no se comparen las inversiones que el Estado hace en las comunidades no ... se va a cumplir. Guillermo Fernández Vara ha querido salir al paso de la noticia que da cuenta de que el Gobierno está dispuesto a invertir 1.700 millones de euros en la ampliación del aeropuerto del Prat, una de las peticiones hechas por Aragonés a Pedro Sánchez. Para el presidente extremeño siempre es mejor que se hable de ampliar el Prat que de referéndum. Sin embargo, por mucha buena voluntad que le ponga Vara, es inevitable que se acaben comparando las cantidades que el Gobierno de Sánchez está dispuesto a repartir entre las autonomías. Y es lógico. Cualquier presidente autonómico incumpliría su obligación si no defendiese las mayores inversiones para su tierra.
El problema de este debate es que está viciado en origen, desde el momento en que la Generalitat rechaza sentarse con el resto de regiones y exige un trato de igual a igual con el Gobierno central. Y no solo desprecia al resto de comunidades al rechazar acudir a cualquier foro que les iguale, sino que hace alarde de la relación bilateral que mantiene con Sánchez. Aragonés quiere un trato desigual (es decir, de privilegio) hacia Cataluña y todos somos lo suficientemente adultos para entenderlo. Y esa relación sí es lo que parece: una estafa política que algunos españoles contemplan resignados y otros, que todavía creen que la democracia debe tratarnos a todos por igual, indignados. La primera razón que nos debería indignar es que la negociación entre Gobierno y Govern se desarrolle en una mesa creada ad hoc. Un órgano concebido al margen de los parlamentos y que deberían servir para resolver cuestiones políticas. Pero no, hace falta una mesa sin reglamentos, creada extramuros, para negociar lo que una y otra parte tengan a bien. ¿A quién rinden cuentas? No se sabe.
Todos somos conscientes de que esa mesa bilateral se asienta sobre dos patas: la capacidad de chantaje del independentismo y la debilidad del Gobierno, que necesita el voto de los nacionalistas para concluir la legislatura. Cierto que, a las primeras de cambio, Aragonés no ha puesto fecha para un nuevo referéndum. Pero ya lo hará si le conviene. Denos tiempo, dijo Rufián. Estamos en la etapa de sacarle beneficio a la inestabilidad de Sánchez, de prometer ser buenos chicos y no prenderle fuego al edificio constitucional. A cambio de un precio, nada módico, claro está. Nadie se engaña sobre el estado de la cuestión. Ni el Gobierno, ni los independentistas, ni los presidentes de comunidades… Asunto diferente es que elijan ser prudentes y, si el dinero de Europa alcanza para todos, evitar sacar los pies del tiesto.
Aunque la oposición critique las concesiones al nacionalismo, su sinceridad a la hora de indignarse está más que cuestionada. También el PP tiene su historia de pactos con el independentismo en una politica de apaciguamiento que siempre acaba por fracasar. Aunque hoy se escandalice con las cesiones al Govern, también José María Aznar recurrió al nacionalismo catalán y vasco para reforzar su debilidad parlamentaria. Como lo había hecho antes Felipe González.
La vía que en España nunca se ha explorado a la hora de encarar el llamado problema catalán ha sido la del acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas para abordar las demandas del independentismo. Un gran pacto que delimite el marco de juego y evite que el partido que gobierna en minoría quede al albur de las demandas, cuando no el chantaje, de los grupos nacionalistas. No parece que este sea el momento de pensar en ese gran pacto. Los nacionalistas seguirán tirando de la cuerda para conseguir el máximo y el Gobierno seguirá justificando sus concesiones apelando a la mágica palabra del diálogo. ¿Quién va a estar en contra del diálogo?
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