El cura de Almoharín

La autoridad eclesiástica defiende su decisión argumentando que el párroco fue juzgado y sancionado con arreglo a la legislación civil por el delito cometido, aunque no entró en la cárcel porque la pena impuesta fue inferior a los dos años y carecía de antecedentes penales. Y asegura también que Ignacio Lojas está arrepentido y ha pasado por un proceso de rehabilitación, por lo que le considera apto para el ejercicio del ministerio sacerdotal.

Su confianza en el cura, sin embargo, no es compartida por todos los vecinos de Almoharín y Valdemorales. Sus responsables municipales están a la espera de explicaciones más detalladas sobre el asunto por parte del obispo Jesús Pulido, mientras que los padres de una treintena de niños de Almoharín, que se preparan para recibir la primera comunión, recogen firmas para solicitar la inhabilitación del párroco. Quieren que deje de ejercer el sacerdocio en sus pueblos y que no se le vuelva a asignar a ninguna otra parroquia de la Diócesis.

La polémica comenzó el día en que trascendió el nombramiento del cura condenado por consumir e intercambiar material pedófilo en la red y parece que, tal vez, ni las explicaciones que pueda dar el obispo puedan zanjarla. Aunque el déficit de sacerdotes, por la caída constante de las vocaciones, anima desde luego a no prescindir de los que hay, parece descabellado pensar que la Diócesis de Coria-Cáceres haya decidido enviar a Ignacio Lojas a Almoharín y Valdemorales por este motivo. Se debe presuponer que tiene seguridad en que su comportamiento es ahora legal y moral y que por eso le considera apto para el ministerio sacerdotal.

Nadie puede poner en duda, además, que este cura ha cumplido con la justicia y que como cualquier otra persona, como pediríamos para cada uno de nosotros, merece otra oportunidad. Porque cuando se paga por el error cometido, por muy deleznable que sea, el sistema judicial del que nos hemos dotado y debemos acatar, mucho más allá de gustos y consideraciones personales, permite pasar página e iniciar el camino de nuevo. Y no puede ser, por eso, que los ciudadanos pretendamos convertirnos en jueces paralelos a destiempo y queramos volver a juzgar, más bien condenar de antemano, a un hombre por algo que hizo hace 20 años y por lo que ya ha pagado.

Pero, sin embargo, son muy pertinentes las aclaraciones demandadas por los alcaldes de Almoharín y Valdemorales a Jesús Pulido, porque algunas de las explicaciones ofrecidas por el Obispado hasta el momento tranquilizan más bien poco. La institución ha lamentado que Ignacio Lojas consumiera e intercambiara pornografía infantil, faltaría más, y comprende «la inquietud y perplejidad» que su nombramiento ha causado en ambos pueblos. Pero el Obispado pretende paliar estos razonables sentimientos asegurando que se han tomado las medidas precisas para que todas las parroquias sean un espacio seguro y garantizando que el sacerdote no impartirá catequesis.

Si a estas explicaciones le añadimos las que la institución dio en el momento de la detención del cura, allá por 2002, la intranquilidad va en aumento. Entonces, a través de un comunicado, el Obispado indicó que el sacerdote tenía una conducta ejemplar, que era estimado por cuantos le habían conocido y tratado, y que se sentía profundamente arrepentido de lo que había hecho, «de cuyo alcance delictivo confiesa que nunca tuvo conciencia».

Así que son pertinentes las aclaraciones pedidas. Conviene saber si la rehabilitación de Lojas va más allá de haber logrado entender que intercambiar pornografía infantil es un delito, explicar por qué si es apto para el sacerdocio no se le permite que dé catequesis a los menores y detallar por qué, si tras la condena volvió a ejercer en diferentes localidades, fue cesado por el anterior obispo, Francisco Cerro, en 2015.