La reunión

Disminuido físico, según la Real Academia de la Lengua Española, es una persona que ha perdido fuerza o aptitudes, o las posee en grado menor a lo normal. Una definición refrendada por la OMS y la Convención de Personas con Discapacidad de la ONU, un convenio suscrito por España. La palabra refleja fielmente lo que algunas personas sufren al perder motilidad y que se ajusta con exactitud a la realidad de estas personas. Algún colectivo considera que la palabra disminuido denigra a las personas por ser ofensiva y situarlas en inferioridad respecto a las demás. Seguro que cuando se cambie por otro término (mermado, reducido, discapacitado, deficiente, impedido…) pasado algún tiempo otro colectivo levantará su voz haciendo hincapié que ese nuevo término denigra también a las personas. Rápidamente los políticos haciéndose eco de la petición y ¡hala, a sustituirlo por otro!

Pero lo lesivo y denigrante para estas personas es la falta de medios y la carencia de ayudas. Tengo una hermana de 82 años que por un problema en el parto quedó al nacer con motilidad reducida de varios de sus miembros. Necesita siempre el concurso de una persona a su lado para llevar a cabo su rutina diaria. Otra hermana –ya fallecida– padeció esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Al final de sus días solo podía mover el dedo gordo de la mano; el resto de su cuerpo inmovilizado. No creo que a estas personas y a su familia les sentara mal el calificativo de disminuido físico al padecer esas minusvalías. Lo verdaderamente acuciante era la falta de ayudas. Apoyo sanitario, económico y doméstico para aliviar su padecimiento. Al igual que la falta de programas de la Administración para investigar esta terrible enfermedad. Loable el acuerdo del Gobierno y la Junta de Extremadura para instalar un centro especializado de ELA en la ciudad de Cáceres.

El segundo tema tratado por los dos líderes y por el que pasaron de puntillas era la renovación del Poder Judicial. Con un acuerdo suscrito para designar a un supervisor europeo. Figura que se ha empleado en las negociaciones del PSOE con el señor Puigdemont. Y que fueron duramente criticadas por el PP. Los dirigentes de esta formación dirán que no es lo mismo, que se trata una figura distinta y de una situación diferente. Baste que lo traten de explicar hasta la saciedad para que la población lo considere al menos muy parecido. ¿Qué más dará un verificador, oyente, intermediario…? Es una figura, en todo caso, ajena a los interlocutores directos. Como si en España no existieran mentes preclaras para llevar a cabo la renovación de un órgano. Resulta penoso.

Y esa renovación parece ser que tiene como finalidad que los partidos políticos no controlen a los magistrados y que sean los propios jueces los que gobiernen su Consejo. Será este el fin o que el control lo ejerza otro partido, o tal vez que sean los grupos de jueces: progresistas o conservadores quienes controlen el Poder Judicial. Los jueces deben dirigir su órgano de gobierno pero sin etiquetas políticas.

En definitiva, una reunión sin la trascendencia esperada, para cambiar un nombre en la Constitución y buscar un mediador, con todo lo que en España hay pendiente: energía, cambio climático, agua, emigración, federalismo, recesión económica, paro juvenil, amnistía, despoblamiento rural... Parece ser que es más fácil para el Gobierno llegar a pactos y acuerdos con los grupos separatistas, para sacar provecho de las cesiones otorgadas, que el entendimiento con el principal partido de la oposición. Así nos va.