Alfombra roja a las minas de litio

La clave del asunto está, como se ha explicado, en que el nuevo decreto únicamente obliga a las empresas a establecer en Extremadura el primer paso de la cadena de valor, que es transformar el mineral en hidróxido de litio, el compuesto que se usa después para fabricar las baterías. Tanto Infinity Lithium en Cáceres como Lithium Iberia en Cañaveral ya contemplaban desde el principio esas plantas de refinado en los mismos yacimientos, así que esta normativa no supone para ellos ninguna imposición nueva y sí muchas ventajas, porque incluye una disposición adicional que permite tramitarlos como proyectos de interés autonómico, los denominados PREMIA. Eso hará que sean declarados de interés social, que los plazos del procedimiento administrativo para obtener los permisos de explotación se acorten a la mitad, que se faciliten las expropiaciones que hagan falta y que tengan acceso a subvenciones públicas para el empleo. También se les eximía en principio de la obligación de obtener una licencia urbanística municipal, pero el revuelo que se generó el viernes en Cáceres cuando se supo que el Ayuntamiento se quedaba sin apenas capacidad de decisión sobre la mina de Valdeflores llevó a Guillermo Fernández Vara a anunciar de urgencia un cambio en la normativa que regula los PREMIA para que, en el caso de los proyectos vinculados a minas, siga siendo necesaria la licencia municipal.

Lo reprochable y lo que molesta de todo esto no es que se les den facilidades a las empresas mineras del litio, algo perfectamente lícito si la administración los considera beneficiosos para Extremadura, sino que se haya tratado de hacer pasar como una imposición lo que en realidad es una alfombra roja para que, no solo sigan adelante con los planes que ya tenían, sino que lo hagan más rápido y con menor coste. La mejor prueba de la verdadera naturaleza del nuevo decreto-ley es lo bien que lo han recibido tanto Lithium Iberia como Infinity Lithium, esta última incluso publicando en la bolsa australiana una comunicación en la que informa a los inversores de la aprobación de la norma, porque sabe que puede beneficiar la cotización de sus acciones.

Es cierto que, aunque no afecte a los proyectos en marcha, el decreto-ley prohíbe sobre el papel que alguna de las demás empresas que tienen solicitados permisos sobre el litio en Extremadura pueda dedicarse únicamente a extraer el mineral y llevarlo fuera para obtener el hidróxido de litio. Pero en la práctica eso es inviable tanto por el coste disparado de transportar millones toneladas de mineral en bruto para transformarlo en otro sitio como porque la huella de carbono que dejaría semejante práctica sería incompatible con los exigentes estándares medioambientales que ha establecido la Unión Europea para la cadena de valor del litio.