La ponencia del PP propone repensar el papel de las diputaciones provinciales

Frente a otros partidos como Vox, que quiere eliminar estos organismos supramunicipales por considerarlos superfluos, los populares son firmes defensores de su papel a aquellas localidades que, por incapacidad técnica o de gestión, no pueden cumplir sus funciones constitucionales por sí solas. Y son muchas: en España hay más de 8.000 municipios, de los que más de 5.000 no superan los mil habitantes. «Han demostrado ser una herramienta útil, de cohesión territorial, que prestan un gran servicio a los ayuntamientos más pequeños», dijo de ellos el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, en marzo del año pasado durante la presentación de unas jornadas en Ávila en las que abordaron la importancia y los retos del municipalismo. El dirigente andaluz lo sabe bien. Fue presidente de la Diputación de Málaga durante dos mandatos antes de dar el salto como consejero de Presidencia en el primer Gobierno no socialista en la Junta de Andalucía.

En esas mismas jornadas, Alberto Núñez Feijóo encargó a los suyos examinar el papel de las diputaciones en la Administración española para proponer mejoras y evitar duplicidades -sus competencias se solapan con las direcciones provinciales de los gobiernos autonómicos-, que, prometió, se incluirían en una futura convención del partido. «Son el Gobierno de los concejales del pueblo», esgrimió. Ya en el programa marco del PP para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, donde la hegemonía conseguida se trasladó al control de una mayoría de diputaciones provinciales, los conservadores apostaban por «fortalecer» estas administraciones «con el objetivo de garantizar los mejores servicios a los ciudadanos residentes en los lugares menos poblados».

En la propuesta que se presenta este martes, los cuatro ponentes elegidos por Feijóo, en cuyas manos recaerá la reforma del ideario político del partido, definen el municipalismo como «una manera de ser y de entender la política: cercana, útil y centrada en las personas». «Es gobernar desde la realidad, con conocimiento profundo del territorio, con responsabilidad y vocación de servicio», reza el texto. Una tarea que ejercen alcaldes y concejales, que representan esa política con rostro humano, sin intermediarios, «basada en la escucha activa y en soluciones concretas». Pero para la que, insisten los populares, necesitan «recursos y herramientas adaptadas a los retos actuales», capaz de liderar políticas en vivienda, sostenibilidad, digitalización y empleo. Y es ahí donde juegan un papel crucial las diputaciones provinciales.

Muy criticadas durante la crisis, no solo por su presupuesto y su deuda creciente, sino por la necesidad de simplificar los niveles administrativos, estos organismos tienen gran importancia en la España vaciada. Se encargan de cubrir las necesidades que los pueblos más pequeños no pueden atender (obras, carreteras, contratos de basuras) y su financiación —cerca de 7.000 millones en el conjunto de las 38 diputaciones— procede al 100% de las arcas de la Administración central.

Los socialistas incluyeron en su programa electoral para las elecciones generales de 2011 la propuesta de transformarlas en consejos de alcaldes y delimitar así sus competencias. De hecho, el entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que tal y como estaban configuradas «sobraban». Argumentó, entonces, que su supresión supondría «un ahorro de mil millones de euros y también de mil cargos políticos». Ahora, el PSOE de Pedro Sánchez las considera, junto con los cabildos y los consejos insulares, elementos «indispensables» para la vertebración y cohesión del territorio. En su programa para los comicios autonómicas y municipales del 28-M incluso llevaba una nueva propuesta de legislación reguladora de la Administración local para la autonomía municipal y potenciase el papel de las diputaciones.